El detonante de la crisis de Myanmar (la antigua Birmania) es ante todo económico, más que político. Aunque el principal foco de atención de los miles de birmanos que salieron a las calles en las últimas semanas es intentar poner fin a la dictadura militar, fue la economía la que impulsó a la mayor parte de ellos a poner en riesgo sus vidas.

Cuando hace 10 años el caos golpeó a Tailandia y a Indonesia, precipitado por una serie de crisis bancarias y devaluaciones, el impacto en Myanmar fue relativamente menor, gracias, en parte, a la cerrada economía del país. Pero la globalización ha seguido adelante y el aislamiento por el que optaron los gobernantes militares ya no puede protegerlos.  

El país no ha logrado crecer lo suficientemente rápido para satisfacer las crecientes aspiraciones de su pueblo, mientras importaciones claves como las energéticas han visto aumentar su precio espectacularmente.  

Myanmar depende de manera importante de la importación de petróleo. El Gobierno intentó resistir subsidiando el precio a los consumidores, pero el mes pasado redujo los subsidios, forzando un alza inmediata en las tarifas de los buses y otros medios de transporte. El precio del gas licuado, que utilizan la mayoría de los hogares para cocinar, también se disparó.  

Aunque Myanmar está impedida bajo sanciones de obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, ambos organismos habían recomendado el año pasado que los subsidios al combustible deberían desaparecer.  

El Gobierno estaba teniendo un enorme déficit presupuestario al intentar cubrirlos. Luego imprimió moneda para superar el déficit, creando así una inflación de más del 20% el pasado año. En agosto de este año finalmente adoptó la receta del FMI, provocando involuntariamente el estallido de la actual crisis.  

Los generales del Ejército han gastado mucho menos en educación y salud que casi cualquier otro país asiático. Solamente el 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB) se destinó a la educación en los últimos años de la década de 1990, en comparación con un promedio de 2,7% en el este de Asia.

La salud estuvo aún peor, obteniendo solamente un 0,3% del PIB, en comparación con 1,7% en el este de Asia en su conjunto. Cuarenta y tres por ciento de los niños menores de cinco años sufrían desnutrición, en contraste con sólo un 20% en el resto de la región. Las cifras han mejorado ligeramente desde ese entonces, pero Myanmar aún tiene uno de cada tres niños menores de cinco años que están por debajo del peso normal.  

El país tiene un buen potencial económico, con abundantes recursos minerales y reservas de agua dulce, y mucha tierra no cultivada. Solía tener una población culta y educada, y su ubicación entre la India y China podría pasar a ser su ventaja económica. Pero las sanciones, aunque violadas frecuentemente en el área de la infraestructura energética, han privado a Myanmar de inversiones extranjeras.  

Las así llamada "vía birmana al socialismo" que recomendó la primera junta militar en los años 60, fue abandonada a finales de los años 80, y al menos tres cuartas partes de la producción del país provienen del sector privado. Pero los controles sobre la banca y las dificultades para obtener las importaciones han impedido que ocurra el mismo tipo de dinamismo observado en otros países de la región.  

Más de la mitad de la población aún está empleada en la agricultura, pero las restricciones a la importación de fertilizantes han puesto difícil para los campesinos la prosperidad y el aumento de sus rendimientos.  

Nuevamente debido a las sanciones así como a las malas políticas económicas del Gobierno, Myanmar no ha mostrado el mismo tipo de boom basado en la fabricación de ropa y zapatos de marca que han tenido otras economías asiáticas con bajos salarios.