Cuando Hernán Somerville supo que Henry Paulson, secretario del Tesoro de Estados Unidos, realizaría una visita oficial a Chile, inició de inmediato las gestiones para programar un encuentro entre los banqueros y la autoridad.

La cita se concretó el pasado 13 de julio en la sede de la Asociación de Bancos, ubicada en el piso 12 del edificio de Ahumada 179, en el centro de Santiago. Al encuentro asistieron los máximos ejecutivos de la banca chilena, con Somerville a la cabeza. Junto con destacar las perspectivas de la economía chilena, el ministro de Hacienda de George W. Bush aprovechó su intervención para criticar a los banqueros y disparó contra la rigidez del secreto bancario, uno de los aspectos más cuestionados de la legislación que rige a nuestro sistema financiero.

Apenas terminaron las intervenciones, el ex presidente de la CPC se acercó a Paulson para rebatir sus críticas. Quienes conocen los detalles de la conversación aseguran que Somerville "le dijo que tal rigidez no era efectiva y le explicó que en Chile el secreto bancario se puede levantar con una orden de los tribunales".

Siempre alineados en la defensa de esta figura, la semana pasada los banqueros recibieron con satisfacción el traspiés del Servicio de Impuestos Internos, organismo que no concurrió en el plazo establecido a la apelación a una demanda que habían presentado 22 bancos para dejar sin efecto la Resolución 120, que busca levantar el secreto bancario en la lucha contra la evasión tributaria.

A contracorriente

Ambos episodios reflejan con claridad el celo extremo con que la banca sigue defendiendo esta figura, pese a las críticas de los organismos financieros internacionales y al camino contrario que han seguido las naciones desarrolladas, en donde el secreto bancario se ha flexibilizado progresivamente.

El combate contra el terrorismo y, principalmente, el lavado de dinero, son las razones que estos países han esgrimido para acceder con fluidez a información de las cuentas corrientes. A juicio de los expertos, en esta materia Chile se está quedando atrás.

Según la Ley General de Bancos, el secreto bancario se aplica sobre todos los depósitos y captaciones que reciben estas instituciones. Bajo el argumento de la protección del patrimonio de sus clientes, los bancos no pueden entregar esta información. Quienes sí pueden acceder a ella son el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los organismos encargados de combatir el lavado de activos.

Sin embargo, el mecanismo establecido para acceder a esta información es poco fluido. Por ejemplo, cada vez que la UAF necesita levantar el secreto bancario debe pedir una autorización a la Corte de Apelaciones. Pese a que el procedimiento no tarda más de 24 horas, sí requiere bastante tiempo preparar la argumentación para la solicitud, la que debe estar muy bien fundamentada.

Víctor Ossa, director de la UAF, sostiene que para hacer más eficiente la labor que realizan, "una de nuestras principales aspiraciones es no tener que ir cada vez a la corte a pedir la autorización. Sería una ventaja que sí tienen las unidades de inteligencia en otros países".

Los euros de los Mazza

A mediados de 2004, funcionarios de Aduanas del aeropuerto Arturo Merino Benítez descubrieron a un sujeto que portaba una mochila con varios millones de euros. Aparte del inédito volumen de dinero en efectivo, había un detalle revelador: todos los billetes eran de 500 euros, la moneda preferida por los narcos porque equivale a siete billetes de 100 dólares y ocupa poco espacio.

Aduanas reportó de inmediato esta operación a la UAF, donde comenzó a ser analizada. Luego de dos meses en que los funcionarios de la División de Análisis de la UAF se encargaron de recabar datos y cruzar la información, este organismo entregó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, que luego de más de dos años de investigación logró desbaratar al "clan Mazza", grupo que realizó el más grande flujo de lavado de dinero detectado en el país.

A través de una red de casas de cambio ubicadas en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, los Mazza habían logrado blanquear más de 280 millones de dólares provenientes del narcotráfico colombiano.

Cuando los analistas de la UAF detectaron esta operación, esta unidad que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda tenía menos de seis meses operando. El caso de los Mazza fue su estreno en grande. "Aquella vez actuamos perfectamente y en un plazo impecable. Lo tomamos cuando éramos apenas tres personas, por eso es súper meritorio que lo hayamos detectado", dice Ossa.

Defensa de hierro

El principal objetivo de la UAF es prevenir que el sistema financiero sea utilizado para blanquear dinero de origen ilícito. Materia prima en su labor son los reportes que le envían cerca de cinco mil instituciones, como bancos, casas de cambio, casinos e hipódromos. Todas ellas tienen la obligación de reportar todas las operaciones sospechosas y aquellas en efectivo que superen las 450 UF.

A junio de este año, esta unidad de inteligencia había recibido 188 reportes de operaciones sospechosas, de los cuales 160 fueron enviados por los bancos. "El grueso de los reportes viene de la banca, porque casi toda operación de lavado de activos pasa en algún minuto por un banco", explica Ossa.

Por esta razón, es esencial la colaboración que presta la banca en la detección de estas operaciones. "Los bancos hoy tienen bastante conciencia sobre el tema. Sobre todo por el riesgo que tiene en su reputación. Por ejemplo, el Riggs era muy exitoso, pero luego del caso Pinochet y de muchos otros, se desprestigió por completo. Por eso para cuidar su negocio le están dando importancia a este tema", sostiene el director de la UAF.

Sin embargo, Ossa reconoce que el trabajo de la unidad podría ser mucho más eficiente si no tuvieran que pasar por la Corte de Apelaciones para levantar el secreto bancario. Gustavo Rivera, intendente de Bancos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, explica que "la ley ya le da facultades a la UAF para acceder a la información que cualquier otro banco pudiera poseer respecto de un reporte de operación sospechosa. De esta manera, el secreto bancario no es un impedimento para que pueda acceder a ella".

Rivera agrega la evaluación que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica hizo a nuestro país en 2006 en materia de transparencia, "fue positiva para el sistema bancario. Y la normativa establecida de la Superintendencia de Bancos para prevenir el lavado de activos, está en línea con las exigencias internacionales". Consultada sobre la transparencia en el sistema, la Asociación de Bancos declinó entregar su opinión.

Víctor Ossa admite que la Corte de Apelaciones nunca ha rechazado alguna de sus solicitudes para levantar el secreto bancario. "Pero en general evitamos tener que recurrir a la corte. Es que es como el cuento del huevo y la gallina. Cuando llega un reporte, para determinar si hay indicio de ilícito o no, se necesita información. Pero para pedirla tenemos que justificar por qué la queremos, y es complicado argumentar cuando aún no se tienen muchos datos", concluye. LND