La noche del domingo, un motín y un incendio en el Centro de Rehabilitación Conductual del Sename "Tiempo de crecer", de Puerto Montt, terminó con ocho adolescentes muertos y dos con muerte cerebral. Al dolor de las familias se une la búsqueda de respuestas que den cuenta de lo que verdaderamente ocurrió. Un grupo de jóvenes que dormía en las instalaciones nuevas del recinto bloqueó la entrada con colchones, ropa de cama y muebles, para luego encender fuego.

El recinto no tenía ventilación, las ventanas eran pequeñas y no se podían romper y los adolescentes quedaron atrapados por el humo. Personal de Bomberos los encontró en el baño, donde seguramente trataron de refugiarse al ver que no había forma de escapar.

Con la luz del día aparecieron los primeros antecedentes: la fiscal a cargo de la indagación judicial del incidente, Claudia Pino, detalló que el incendio se habría originado "alrededor de las nueve y media a diez de la noche", momento en el que "los jóvenes se habrían amotinado contra los tres educadores que se encontraban en el recinto, aparentemente, porque no querían ir a acostarse".

A la acción de la justicia se suma un sumario interno ordenado por el director del Sename, Eugenio San Martín, que viajó ayer hasta la X Región para recabar antecedentes y hacer frente a una ola de críticas que van desde las medidas de seguridad del recinto hasta las falencias de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

Los dardos apuntan a un sistema con objetivos confusos en materia de rehabilitación y que, como su predecesor, sigue regido por la lógica represiva del encierro cómo garantía de seguridad pública.

Para el abogado y especialista en la Ley de Reforma Penal Juvenil, Álvaro Castro, la tragedia no sólo deja en evidencia una grave vulneración de los derechos de quienes están recluidos por la comisión delitos. "También cuestiona el papel de garante del Estado Chileno, de proteger y dar seguridad a los menores infractores, por lo que cabría la posibilidad de enfrentar alguna responsabilidad a nivel internacional".

Comparte las críticas de Castro, su colega y defensor regional público de Los Lagos, Francisco Geisse, quien junto a otros abogados de la zona llevaban la defensa de los jóvenes que permanecían recluidos en el centro "Tiempo de crecer".

El profesional instó a las autoridades a sacar profundas lecciones de esta tragedia, en particular, a quienes conciben la lógica represiva del encierro como la mejor forma de garantizar la seguridad de la población.

"Hasta ayer para la opinión pública todos eran delincuentes, hoy día -con la muerte- son niños. Esta tragedia debe hacer que la sociedad deje atrás esta mentalidad en que sólo el encierro y el aislamiento es la única medida para garantizarnos seguridad", sentenció.

Para Julio Cortés, abogado de la Fundación Opción, entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos de niños y adolescentes, el nuevo sistema sancionatorio no ha conseguido superar la reclusión infantil e, incluso, la contempla con determinados plazos, hecho que a su juicio provoca los cuestionamientos por parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos. "La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil se aleja considerablemente de estas exigencias al contemplar penas de hasta 10 años de internación y obligar a que en ciertos casos ésta transcurra por un mínimo de 2 años en recintos cerrados", aseguró mediante una carta pública, luego de los trágicos sucesos de Puerto Montt.