La convocatoria de La Moneda a Joaquín Lavín era lo menos que podía ocurrir después del "pololeo" por los medios entre el ex candidato presidencial y la Mandataria. El "Go between" en este caso -o "Mensajero del amor", según la acertada adaptación del título cinematográfico original de Joseph Losey- fue el ministro del Interior, pese a que otro -descolocado- intermediario del gabinete estaba acogiendo los recados de un rival, Sebastián Piñera.

Lo ocurrido el lunes en el despacho de Belisario Velasco demuestra que no son homologables las pasadas banalidades del alcalde presidenciable con su autodefinición como "bacheletista aliancista", porque la acuñación de este concepto -con todo lo que tenga de surreal- fatalmente traería coletazos inmediatos y no sólo las consecuencias electorales a mediano plazo de los gestos de bombardear las nubes de Santiago y llevar una bailarina a las tropas chilenas en Haití.

Las condiciones del escenario político no ameritan -por ahora, al menos- un llamado a integrar el gabinete al hombre más imaginativo de la derecha. Un gesto tal sólo tendería a traer confusión, al generar la falsa imagen de una emergencia nacional, y así parece haberlo calibrado la Presidenta Bachelet. Pero a Lavín se le ha nombrado nada menos que "comisionado" de seguridad pública del Gobierno en territorio opositor y en esa condición ya ha generado los primeros rechazos de RN y puesto en incómoda posición a su propio partido. La UDI no puede atacarlo por el afecto y el reconocimiento que le guarda y porque sigue siendo su carta mayor en la mesa de juego electoral.

Los reclamos opositores de que La Moneda intenta producir una "cuña" entre los dos partidos de la Alianza y perjudicar la opción presidencial de Piñera no tienen mayor asidero, porque si eso estuviese secundariamente en los cálculos de palacio, tal efecto depende, en definitiva, de la voluntad del convocado. Los reclamos de Carlos Larraín de que el ex alcalde es "un tipo demasiado buena gente e ingenuo" no valen. Si es por imágenes, más decidora resulta la de Piñera a comienzos de 2003, cuando se apareció en La Moneda tratando de subirse a los acuerdos de Longueira con Lagos e Insulza. Ninguno de los dos dirigentes opositores fue entonces un "tonto útil que pisó el palito", como dicen ahora del rival en RN. Se trata de dos estrategias opositoras y no de las características personales de quienes las llevan adelante. Algo distinto son "las agendas individuales" y en la política chilena ellas se han multiplicado en los últimos años de manera inmisericorde, pero nadie puede llevarlas adelante sin lograr que sus huestes lo sigan. El esquema partidista todavía no se ha roto al punto de que emerjan líderes mesiánicos y populistas. Todavía.

Pero más importante que Piñera, una vez más, haya llegado placé es anotar las divergencias que subsisten en la apreciación de la lucha antidelincuencia desde las ópticas oficialista y opositora. Lo que más llama la atención en la imagen de Lavín hojeando los proyectos que le pasa Belisario Velasco es su predisposición a servir de "puente" para su aprobación legislativa, en circunstancias de que él mismo, en conjunto con toda la derecha, ha privilegiado siempre la represión segregacional -incluso en una isla- sobre las medidas preventivas y rehabilitadoras. El lunes dijo que el Gobierno se comprometió, a cambio de su mediación, a acoger el principio de que "la tercera es la vencida" -otra de sus frases clásicas-, para negar la libertad provisional al reincidente. Es posible que el examen más sociológico de la delincuencia esté en retirada en el Gobierno, por los efectos políticos de las fuertes imágenes mediáticas de dos policías asesinados, ante las cuales la reacción normal es de una profunda indignación. Pero la Presidenta ha dicho bien que "no bastan las frases irresponsables ni las críticas sin propuestas efectivas" y la derecha juega mucho con la inseguridad pública en sus reclamos efectistas, más allá de algunas ideas serias como las de asegurar defensoría a las víctimas tanto como a los delincuentes.

Una contribución al debate puede ser la muerte de los menores presos en Puerto Montt, en la medida en que su encierro, aparte de no contar con las medidas mínimas de seguridad, no estaba supeditado a una real labor de reeducación, por no contarse con los recursos para ello.

El asunto es demasiado serio y complicado para que se privilegien los escarceos políticos en torno a si es más necesario cumplir la promesa electoral de crear un Ministerio de Seguridad -como exige el senador RN Alberto Espina- o limitarlo a una subsecretaría -según el rediseño del ministro del Interior-. Si en eso topa mayormente la mediación que el Gobierno le ha pedido a Lavín, quiere decir que la lucha contra la delincuencia estará irremisiblemente trabada por la guerra política. Los vientos en contra en el clima social no deben impedir las definiciones de cara al país, aunque dos años no alcancen para ver los resultados de una política integral en tan acuciante materia.