Ni por asomo debe generalizarse entre los funcionarios públicos el afán de controlar o dirigir las preguntas de los periodistas en las conferencias de prensa que convocan. Hay que frenar a tiempo esa odiosa tendencia que menoscaba el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Una vez más, nos vemos en la necesidad de recordarles a los funcionarios del Gobierno que los miembros de la prensa no tienen por qué plegarse a las condiciones y directrices que les imponen de antemano, con el propósito de favorecer una imagen o silenciar determinado asunto.

El periodismo no es propaganda ni relaciones públicas, no nos cansamos de repetirlo, y no debe tolerarse que cuando los periodistas se presentan a realizar su trabajo, alguien se atreva a advertirles sobre lo que pueden o no pueden preguntar. Durante una actividad del gobernador, antes de dar paso a las preguntas de los reporteros allí presentes, se les advirtió que no debían tocar el tema de la investigación del gran jurado, al que, paradójicamente, sí se había referido el Ejecutivo en unas declaraciones que ya llevaba preparadas. Da la casualidad de que ese mismo día, el secretario de la Familia, Félix Matos, invocaba un supuesto "privilegio ejecutivo" para tampoco contestar preguntas.

Estos intentos de dirigir la labor profesional de los periodistas no son nuevos. Se han producido, con mayor o menor intensidad y de manera más o menos cíclica, bajo todas las administraciones. Pero, con el tiempo, hemos visto crecer la presión para que en los medios asumamos como "normal" la práctica de que los funcionarios escojan las preguntas que van a recibir, lo que resulta en una afrenta a la libertad de expresión. Los funcionarios de Gobierno parecen olvidar que ocupan los puestos que ocupan porque unos ciudadanos que leen los periódicos, oyen la radio o ven la televisión así lo han decidido. Y el vínculo entre ese ciudadano y el funcionario es precisamente el reportero que viaja hasta la noticia, se sienta frente al gobernador y espera, como mínimo, que respondan a sus dudas para luego poder escribir una buena nota.

¿En qué posición queda el reportero que tiene que decirles a sus lectores u oyentes que un funcionario de Gobierno, o el propio Gobernador, le ha prohibido de antemano que le pregunten sobre esto o aquello? No le queda más remedio a ese reportero, y será la política de este diario, que insistir y preguntar, repreguntar y volverlo a hacer las veces que sea necesario. Se acerca un año electoral, y si todos los candidatos siguen el mismo ejemplo de escoger a comodidad las preguntas que desean oír, porque la gestión periodística y su propósito fundamental, que es proporcionar al ciudadano las herramientas para formar opinión y decidir, quedará en grave peligro de convertirse en otra cosa. Cualquier cosa menos periodismo libre.