Satisfacción existe entre la familia Pinochet por el dictamen de hoy de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que deja sin efecto los procesamientos que afectaban a cuatro de los hijos del ex dictador y a su viuda, además de otros ex militares y civiles cercanos al ex uniformado.

Los magistrados acogieron el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Lucía Hiriart  viuda de Pinochet y de Verónica, Jacqueline, Marco Antonio y  Lucía, hijos del ya fallecido uniformado.

Además acogieron la presentación efectuada por las defensas de Ambrosio Rodríguez, Oscar Aitken , José  Sobarzo , Jaime Lepe, Guillermo Garín, Guillermo Letelier Skinner, Juan Romero, Sergio Moreno,  Patricio Madariaga y Mortimer Jofré Azuaya. En el caso de estos dos últimos el tribunal anuló el procesamiento de oficio.

No obstante, los jueces Juan Eduardo Fuentes, Mauricio Silva Cancino y Dobra Lusic determinaron mantener encargados reo a Gustavo Collao y Eduardo Castillo Cadiz.

En el fallo  los jueces detallan que para  "los amparados  María Lucía Hiriart Rodríguez; Inés Lucía, Marco Antonio, María Verónica y Jacqueline Marie Pinochet Hiriart, así como Oscar Aitken (abogado), y José Sobarzo (empleado civil de  Famae, Gerente de Belview Internacional S.A.), a la época de los hechos investigados (que es lo que interesa) no revestían  la calidad de funcionarios públicos que exige el injusto  de malversación.  De lo anterior se sigue, ratio iuris, que a su respecto  tampoco concurren las otras  exigencias típicas anteriormente consignadas (tenencia - en razón del cargo - de caudales o efectos públicos  y sustracción de los mismos)".

Y a reglón seguido los jueces plantean  que "en relación a la eventual comunicabilidad de la calidad personal especial  exigida por este delito -debatida en estrados-  y la consiguiente indivisibilidad del título de incriminación (dado que en la causa han sido  procesados empleados públicos que tenían a su cargo caudales de  esta  clase), lo cierto es que  la materia no es un tema pacífico en  la doctrina y jurisprudencia nacionales, pues mientras unos sustentan la  comunicabilidad absoluta, otros la niegan, también absolutamente; en tanto, una vertiente doctrinal plantea una posición relativa, esto es, que los sujetos no calificados o extraneus  pueden intervenir, pero sólo como partícipes, o como co-autores o inductores".

Añaden que "la materia expuesta, como se aprecia, no puede abordarse en una acción urgente y extraordinaria como la actual, sin perjuicio de lo cual, y sólo a mayor abundamiento de las razones  esgrimidas precedentemente, ha de expresarse  que tampoco se advierte en los extraneus anteriormente nombrados,   conocimiento y voluntad en torno al designio criminal de apropiarse  de caudales públicos; no han sido preguntados acerca  de la existencia de tales gastos reservados,  ni sobre el manejo de los mismos, ni acerca  de  otras circunstancias fácticas relacionada con éstos.  Por las razones expresadas en el fundamento  anterior y las que acaban de señalarse, debe concluirse que  respecto de todos los amparados nombrados en la motivación que antecede  no existe mérito  para proceder en su contra, en los términos señalados en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal".

Así dejan los jueces sólo analizan la forma de los procesamientos y no el fondo, esto es si los Pinochet y cercanos manipularon efectivamente los recursos obtenidos de fondos reservados del Ejército.

De inmediato los abogados querellantes en la causa anunciaron que apelaran ante la Corte Suprema cuya Sala Penal será la encargada en definitiva de definir el destino procesal de estas personas.

El pasado 4 de octubre  el ministro Carlos Cerda dictó sendos procesamientos en contra de 23 personas pertenecientes al círculo de hierro de Pinochet por el delito de malversación de caudales públicos. De inmediato quince de ellas decidieron recurrir de amparo como una forma de anular el dictamen.

Para los abogados defensores de los amparados como Luis Hermosilla existe satisfacción por el dictamen, indicó que en la causa "se ha restablecido el imperio de derecho". Mientras que Hugo Ortiz de Phillipi calificó que con este dictamen se pone fin a un "error judicial".