Un día después de los insertos que pagó la cadena farmacéutica SalcoBrand en diarios, en que asume con críticas a la autoridad la obligación de distribuir la "píldora de emergencia", el Gobierno defendió las prerrogativas que le permitieron aplicar multas de hasta $33 millones por la falta del levonogestrel a disposición al público en estas y otras farmacias.

En la inserción a media página, la empresa exige respeto a su "libertad de opinión" para no vender el medicamento, alega diferencia en el trato del estado con otro sectrores del comercio, rechaza su inclusión en la lista del Formulario Nacional y exige un documento que acredite las características del producto.

Hoy, la subsecretaria de salud, Lidia Amarales, cuestionó los argumentos de los detractores, reiteró que la autoridad cuenta con la capacidad de aplicar las multas, y recordó que la labor de ese Ministerio es que "la ley se cumpla". 

En referencia a la información que SalcoBrand exige, la autoridad indicó que "eso no corresponde (porque) tendríamos que firmar documentos con cada uno de los medicamentos, porque cada uno de los medicamentos que las farmacias venden tienen contraindicaciones".

Destacó, en diálogo con Canal 13, que "aquí la responsabilidad, primero, es de la persona que la compra que tiene que conocer cuales son las contraindicaciones que ese medicamento tiene" y que, en caso de la píldora, acotó,  "no tienen que ver específicamente con el aborto".

"Si existe algún problema con respecto a las contraindicaciones, por supuesto los responsables son los productores y los importadores, pero sobre todos los productores del medicamento, por lo tanto las farmacias no tendrían porque verse ellos responsables frente a una situación", precisó.

Como ejemplo, agregó Amarales, si alguien sufre una "hemorragia gástrica" por uso de la aspirina, "nadie supone que va a ir a una farmacia a hacer que la farmacia se haga responsable de la hemorragia gástrica producto de una aspirina".

"Todos los medicamentos tienen contraindicaciones y por lo tanto la responsabilidad es de la persona que la compra y del laboratorio que está produciendo el medicamento", u no de la farmacia, insistió.

Las mayores multas se aplicaron debido a que "un par de meses antes, ya se había fiscalizado y los medicamentos no estaban es decir fue una segunda instancia, por lo tanto se aplicó el máximo de la ley que son mil UTM".