El juicio por presuntos trabajos adicionales solicitados en construcción de penales, en que la empresa constructora Bas Uno (Bescalo), a la que se le concesionó el trabajo, exige al Ministerio de Obras Públicas (MOP) el pago de US$122 millones tuvo hoy un capítulo favorable para los privados.

La  8va Sala de la Corte de Apelaciones, en fallo unánime de 3 a 0, rechazó esta mañana el recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en que se niega a pagar el monto exigido por la firma, por lo que todo queda eventualmente en manos de la Suprema en caso que el organismo lleve a esa instancia el caso.

Los magistrados revisaron el recurso de queja que presentó el CDE contra los jueces arbitrales que fallaron a favor de la concesionaria el pasado 25 de mayo y que ordenaron al MOP pagar la cifra por concepto de trabajos adicionales y retrasos en la construcción de tres cárceles concesionadas del Grupo Uno: Alto Hospicio, La Serena y Rancagua.

A cinco meses de ese primer pronunciamiento, el posterior rechazo de una primera queja y la paralización temporal del pago, el tribunal de alzada se encargó hoy de zanjar la pugna entre la repartición estatal y Bas Uno, cuyo abogado es el mismo que representa a la familia del fallecido ex dictador Augusto Pinochet, Pablo Rodríguez.