En el actual debate educativo, los retos en torno a la calidad y la equidad sólo pueden pensarse y comprenderse mejor en un marco más amplio que la especificidad del sistema de enseñanza. Es una oportunidad para vincular con las otras dimensiones de la sociedad, en especial porque las condicionantes sociales, económicas, políticas y culturales son muy significativas.
Más importante aún, porque al inicio del siglo XXI y con miras a la celebración del bicentenario de nuestra república, se presenta una oportunidad de replantear los significados de nuestro porvenir y porque además -como en el centenario-, las próximas generaciones juzgarán nuestras posiciones y opciones con particular interés, a propósito cuando serán las beneficiadas o afectadas. Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy debe tener un significado de largo plazo, de otro modo nuestras propuestas podrían ser vistas como una estrategia de acomodo al presente.
Abordar el mediano y largo plazo es urgente. Pese a la vertiginosa velocidad con que cambian -y seguramente seguirán cambiando- las sociedades futuras, el sustrato cultural, económico, social y político que configura nuestra actual sociedad genera altos niveles de disconformidad incluso de descontento, que nos interpela a hacernos cargo y plantear soluciones de largo alcance.
En esta dirección, me preocupa la falta de un planteamiento inicial sobre el sentido de nuestro sistema educacional, en especial en el ámbito de la convivencia social; aquello que la Comisión Delors llamó el "aprender a vivir juntos". Cobra relevancia particular la enseñanza de valores como la responsabilidad social y la solidaridad. El debate sobre los fines nos debiera obligar a reflexionar responsablemente sobre la creciente diversidad y heterogeneidad de la sociedad actual.
Pareciéramos estar agobiados ante la urgencia de la eficiencia. Aunque debemos responder a sus demandas, tenemos que hacer un esfuerzo para compatibilizar sus retos de autonomía, privatización, descentralización, con valores permanentes de la política, como la profundización de la democracia, la equidad y la solidaridad. No se puede aceptar que tengamos que elegir entre eficiencia y justicia social; resulta perfectamente compatible introducir en el sector público los factores de dinamismo que le permitan tener una oferta de muy buena calidad, sin recurrir al sector privado, como podría ser al fortalecer la capacidad de demandar mejor educación a los padres mediante los Consejos Escolares.
Esto significa que debemos equilibrar nuestras preocupaciones entre lo que la educación aporta a la economía y al desarrollo económico y lo que aporta a la distribución democrática del conocimiento y al desarrollo social. Fortalecer a los actores es trabajar con ellos, haciéndolos protagonistas; frente al mercado, la competencia y la regulación, podemos señalar que también hay otra vía: fortalecimiento de la capacidad de demanda social para garantizar equidad en la educación de calidad.
La selección de estudiantes o la elección de las familias. Tomo posición: tenemos que apoyar decididamente el fortalecimiento de la capacidad de elección de las familias. La selección y la democracia no se combinan de manera fácil o espontánea. Nuestro sistema educativo selecciona con severidad; mientras eso se mantenga existirán límites a la democratización de la sociedad chilena, expresados en aspectos tales como el acceso a la educación superior, a las mejores instituciones de ella, a los mejores puestos de trabajo y a las mejores posiciones de poder político.
La masificación nos ha traído nuevos desafíos que debemos enfrentar no con los instrumentos del pasado -como la selección académica o la capacidad de pago de las familias- sino con medidas de acción positiva, que favorezcan a los que tienen y han tenido menos recursos y oportunidades. Las instituciones, formas y estilos pedagógicos deben acoger, sin limitaciones, la diversidad y debemos colocar la demanda de homogeneidad en los productos, los resultados que esperamos que el sistema escolar aporte a la sociedad.
Sobre los profesores: nuestra estrategia política debiera hacer un fuerte énfasis en la selección, la capacitación permanente y la carrera profesional. Proponer una política firme y sostenida para que quienes elijan ser profesores lo hagan no como una opción secundaria o transitoria; vincular los primeros años de formación a la práctica docente; enlazar la capacitación en servicio estrechamente con las necesidades de cada institución educativa y la capacitación disciplinaria individual; proponer una carrera docente que reivindique su condición profesional, de autonomía en la toma de decisiones y de mayor responsabilidad en los resultados.
Si la descentralización apunta a la autonomía del establecimiento educacional, debemos equipar al docente de modo que se haga responsable de los resultados de la autonomía que goza para tomar decisiones que tienen que ver con el proceso de aprendizaje de los alumnos que tiene a su cargo. Sabemos que el mejoramiento de la calidad de la educación se encuentra asociado con establecimientos donde existen una serie de características que los identifican, les dan cierta identidad institucional, tienen un cierto liderazgo de parte de su director, un proyecto pedagógico, un equipo de trabajo donde se acumulan tradiciones y maneras de solucionar los problemas.
Todo esto exige autonomía. Si se le otorgan a un director de escuela las atribuciones para definir su equipo, sus métodos, y si además pone a los docentes en relación con los padres, se acaba la impunidad sobre los resultados del aprendizaje que reciben de nuestros estudiantes. Pareciera ser que pocos se atreven con los sentidos de nuestro sistema de enseñanza y muchos se esconden en los contenidos, las herramientas y los mecanismos.
