El trabajo de la Asamblea Constituyente nunca fue constante como debería ser la elaboración de una nueva Carta Magna, pero a menos de 40 días para expirar el plazo dado para cumplir su misión la situación actual del organismo es definitivamente de parálisis. Eso llevó ayer al vicepresidente boliviano Álvaro García Linera a estimar que la Asamblea simplemente está "herida de muerte".

El alto funcionario hizo estas declaraciones tras suspender -en la noche del martes- el proceso de consenso interpartidario e interregional que había impulsado desde principios de octubre para destrabar el foro constitucional y lograr aprobar la nueva Constitución con la que el Gobierno de Evo Morales pretendía refundar Bolivia.

Pero lo concreto es que no hay nueva Constitución (ningún artículo ha sido aprobado), las discusiones están paralizadas e incluso hasta la sede de la Asamblea está en entredicho. La Constituyente suspendió en agosto sus sesiones en la ciudad de Sucre (sudeste), hostigada por movimientos civiles locales que aún le exigen un artículo en la futura Carta Magna para recuperar las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, actualmente en La Paz y perdidas en una guerra civil en el siglo XIX, a lo que las fuerzas gubernamentales se oponen. Ayer se analizaba el cambio de sede, aunque los más críticos creen que ni eso podría salvar la situación.

El jefe de la opositora alianza Podemos y ex Presidente liberal Jorge Quiroga (2001-2002) señaló que ante la situación "de fracaso" del foro constitucional, lo que corresponde es que la Iglesia Católica pueda iniciar una fase de mediación entre partidos políticos y regiones.

Pero para García Linera es precisamente la oposición política la que bloqueó la Asamblea Constituyente, como escenario de diseño de políticas públicas concertadas, por lo que estimó que los movimientos sociales están ahora libres para "tomar decisiones radicales en torno a temas de la propiedad".

Los dichos del vicepresidente provocaron la inmediata reacción airada de los grupos de oposición. El senador conservador de Podemos y delegado de Santa Cruz, Óscar Ortiz, cuestionó al vicepresidente por amenazar con afectar "la propiedad privada" y acotó que García Linera muestra que "el terrorismo que lleva adentro sigue vivo", en alusión a la participación de la autoridad en grupos armados indigenistas, desarticulados a mediados de la década del 90.

Quiroga acusó a García Linera de haber tomado el control de la Asamblea y "sepultarla" en su crisis, en respuesta a la acusación del vicepresidente de que grupos minoritarios "racistas y fascistas" secuestraron a la Constituyente.

García Linera "estuvo fuera de sí, en un marco de arrebato, sepultó la Asamblea, insultó a medio país y llamó a la toma de propiedad privada", recalcó el jefe de Podemos.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco) de la región oriental de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, también opositor al Gobierno de Evo Morales, comentó que fue "una amenaza por enojo" y porque el Ejecutivo quiere "desquitarse" con la propiedad porque fracasó el diálogo entre La Paz y Sucre.