Sorpresa es lo primero que se puede decir respecto del seminario de la Corfo en Boston. Es imposible no maravillarse ante este despliegue, pensando en los costos de publicidad, arriendo de salas y financiamiento de viajes. Sorpresa por la relevancia de las personas e instituciones de la delegación. Cierto que los ensayos clínicos y las investigaciones biotecnológicas se hacen en el país, pero es distinto el acto voluntario y comercial de buscar doblar o triplicar las ganancias actuales. La idea de plantearse de principal plaza en América Latina en biotecnología y ensayos clínicos exige otra evaluación.

Hay desazón por la ligereza con que se superan los límites éticos y políticos. En primer lugar, por la esencia del negocio: la materia prima de la oferta son pacientes reclutados o cautivos de ciertos médicos o voluntarios sanos, cuya compensación financiera plantea problemas de consentimiento nada banales. Los ensayos se realizan en instituciones públicas, con médicos-investigadores que laboran en ese ámbito y cuyo estatuto es recusado en varios escritos. Es inaceptable que se incluya en la oferta un mecanismo regulatorio como "la aprobación de nuevos medicamentos" con el fin de proponer el área de recursos naturales como campo de aplicación de los avances tecnológicos. Esto implica una decisión país que necesita una amplia discusión sobre medio ambiente y la creación de comisiones de bioseguridad.

En segundo lugar, el carácter voluntario y espontáneo de la oferta sólo es posible ignorando la experiencia de la ética de la investigación en el mundo. Muchos textos advierten de los riesgos para la salud de la acción de capitales privados. Convendría nombrar aspectos destacados por el Comité de Expertos del Parlamento inglés, que califica como nocivas la agresividad del marketing de las industrias farmacéuticas o la falsificación y el ocultamiento de los resultados de los ensayos financiados por esas empresas, lo que afecta el desarrollo de la ciencia e incita al sobreconsumo y la producción constante de fármacos sin novedad terapéutica.

El eventual éxito de esta acción de Corfo, evaluado desde el sistema de regulación de la ética de la investigación, también tiene problemas. El sistema sería sobrepasado por su éxito. Los comités de evaluación se sostienen ampliamente del voluntariado de sus participantes, voluntariado que deberá ser mayor en el futuro, en la medida en que se enfrenten conflictos de interés, omnipresentes en los ensayos e investigaciones. El neoliberalismo ha introducido en las instituciones públicas este tema, en particular en hospitales y universidades públicas. La pregunta es ¿qué cantidad del éxito comercial será invertido en ética de la investigación, en la medida que el material del "negocio" debe ser protegido y defendido de la regulación? ¿Hasta dónde están dispuestos el Estado y los partidos a desarrollar la autonomía de las instituciones que protegen los derechos de individuos en situación de riesgo y la salud pública en su conjunto?

Participo en un proyecto internacional conocido como Eulabor, que compara los sistemas de regulación ética de ciertos países de América Latina con otros de Europa. El proyecto -conviene recordarlo ante la iniciativa de Corfo- ha constatado falencias y planteado la necesidad de mayores exigencias a los sistemas de regulación ética, desafiados por la investigación y la incorporación de capitales privados. Son falencias en organización, funcionamiento y en el respeto de la composición para los comités, en la obtención de consentimiento informado, en su financiamiento. Hay desafíos mayores para el futuro: impedir cualquier tentativa de las industrias farmacéuticas internacionales de imponer un doble estándar; es decir, respetar ciertas reglas para los ciudadanos de los países desarrollados, ignorándolas en el resto.

Segundo, recuperar la noción de valor social de la investigación. Rodrigo Salinas, en colaboración con otros autores, señala que "La noción de valor social es el gran olvidado de la ética de la investigación, porque a pesar de su importancia como componente esencial de la regulación ética, se constata la virtual ausencia de lineamientos que orienten la evaluación del valor social por los comités de ética". Y, tercero, el conflicto de interés, que en una visión restringida de la bioética, no logra expresarse como conflicto de intereses en cuya trama no sólo interviene la conciencia del investigador, sino los intereses de la comunidad ante los de los privados y de la innovación en general, que no se preocupa de las necesidades reales de la comunidad y del respeto de las exigencias sociales y éticas de una comunidad de iguales.

Estas tres temáticas precisan de una discusión pública y democrática. Esperemos que la iniciativa de la Corfo no se convierta en un obstáculo para su desarrollo.