LA ESCENA FINAL de la firma del acuerdo entre el Gobierno, la Concertación y la Alianza, donde los presidentes de los partidos, los ministros y la Presidenta Michelle Bachelet toman sus manos y las alzan al aire no sólo da cuenta de la magnitud del acuerdo logrado, sino de la disputa política sobre qué conglomerado se adjudicará el éxito del pacto y sus "cosechas".

Porque si para la Concertación el acuerdo fue para derogar la última "ley de amarre" promulgada por Augusto Pinochet, para la derecha fue la consolidación de la libertad de enseñanza y "el comienzo del desalojo".

"Que esté desapareciendo la última ley que hicieron el 10 de marzo de 1990 me parece un acto simbólico de liberación del país. Ahora podemos avanzar en calidad para todos", dijo el senador DC Mariano Ruiz-Esquide.

En cambio para Andrés Chadwick, su colega de la UDI, lo más importante fue que "avanzamos para mejorar la calidad de la educación y al mismo tiempo, lo hacemos garantizando plenamente la libertad de enseñanza".

La Presidenta, en tanto, destacó que el intenso proceso demostró "cómo tenemos que hacer las cosas: con los estudiantes, con los profesores, con los apoderados, con la comunidad educativa, con la sociedad toda".

La Mandataria subrayó que el objetivo es "derogar la LOCE para poder contar con una nueva Ley General de Educación, democrática, moderna, republicana, que asegure lo más importante que está en el espíritu del protocolo que acaba de ser firmado: poder garantizar una educación de calidad para todos".

Por lo mismo, valoró que las fuerzas políticas pusieran por delante el interés nacional. "Eso es lo que hemos visto aquí hoy, la capacidad de hacer un gran pacto social y político en torno a un tema básico para todos nosotros como es la educación", señaló.

Un elemento central del pacto fue "elevar a rango constitucional la obligación del Estado de entregar una educación de calidad", como lo demandó el Colegio de Profesores.

Bachelet también reconoció a los estudiantes como quienes "permitieron que este tema se transformara en la mayor prioridad y la mayor conciencia global de la sociedad". Igualmente, valoró la labor desarrollada por el Consejo Asesor de Educación.

El texto pactado formula una nueva institucionalidad pública y establece nuevas exigencias a los sostenedores de colegios; ordena la no selección de alumnos hasta 6º básico y establece una nueva estructura curricular; crea el Consejo Nacional de Educación que reemplaza al actual Consejo Superior de Educación, entre otros (ver infografía).

La educación de calidad se levantó como el norte compartido y desde allí, los negociadores fueron buscando los mayores consensos posibles, cuestión que el lunes de esta semana tuvo su punto de quiebre y llegó a poner nerviosos a los representantes de la Alianza, el director de Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet, y del Gobierno, Pedro Montt, ante las voces disidentes que se hicieron sentir en el oficialismo, donde la eliminación del lucro dejó un sinsabor concertacionista en el aire.

De hecho, el pacto no asegura que en el Congreso se abran nuevos flancos de discusión. Pese a que la DC indicó que el apoyo al protocolo era vinculante, algunos colorines amenazaron con rechazar el proyecto, entre ellos, Jaime Mulet y Gabriel Ascencio.

En el PS, Juan Pablo Letelier y Ricardo Núñez dejaron abierta la puerta para presentar indicaciones al texto; y Alejandro Navarro advirtió que no aportará su voto. Las estrellas, sin duda, fueron los radicales quienes penetraron en el colectivo gobiernista con la necesidad de no abandonar la idea de modificar el sistema de educación municipalizada.

Se abrió la puerta principal, pero quedan otras y, aunque con bemoles, así lo compartieron los representantes de derecha y de la Concertación. Los primeros, sólo en la medida que se realice una evaluación seria de lo que existe y los segundos, convencidos de que es necesario el cambio por lo que ya trabajan un protocolo de acuerdo entre ellos. LN