El fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema que -a través de una mayoría accidental- absolvió al coronel (R) de Ejército Claudio Lecaros Carrasco, fue la guinda que coronó un errático actuar de este tribunal desde inicios de este año en juicios por crímenes de lesa humanidad.

De paso, volvería a sentar al Estado de Chile en el banquillo internacional porque será denunciado por denegación de justicia en este ámbito.

La exculpación de Lecaros de una condena de cinco años de presidio por el secuestro y desaparición -en 1973- de Cesario Soto, Vidal Riquelme y Rubén Acevedo, produjo la reacción de abogados y organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y el presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado, Jaime Naranjo.

El coronel (R) Lecaros fue el jefe de inteligencia de la Escuela de Artillería de Linares al momento del golpe militar donde se cometieron actos brutales contra los prisioneros.

La mayoría ocasional (3 a 2) que prescribió el delito de Lecaros fue posible por el voto favorable del abogado integrante José Fernández Richards y de los ministros Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura que, salvo contadas excepciones, niegan la validez de los tratados internacionales.

Resolución que va en contra de la tesis jurídica adoptada por la mayoría de la Corte Suprema, que rechaza amnistiar y prescribir los crímenes contra la humanidad según tratados internacionales firmados por Chile.

A ello se agrega la sistemática conducta jurídica de la Sala Penal que rebaja sustancialmente las condenas a los sentenciados.

También mediante mayorías accidentales, en el último tiempo esta sala recalifica el delito del secuestro permanente como homicidio, a pesar de que los cuerpos están desparecidos, como ocurrió en el fallo Contreras Maluje y en el mismo caso Lecaros.

INVOLUCIÓN

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) criticó al máximo tribunal por su "permanente búsqueda de artilugios" para liberar de la cárcel a los violadores de DDHH. "La rebaja de penas y la prescripción (...) son las nuevas fórmulas de la impunidad que se instauran sigilosamente, sin que el Gobierno, el Parlamento y la clase política reaccionen".

A su vez la Fundación Social de Iglesias Cristianas (Fasic) calificó los fallos como "una grave involución de nuestra justicia en derechos humanos, implicando la responsabilidad internacional del Estado de Chile".

El senador Jaime Naranjo rechazó la regresión judicial y planteó "buscar un mecanismo que impida que abogados adjuntos integren las salas de las cortes" cuando se resuelva sobre crímenes de lesa humanidad.

Como lo publicó ayer La Nación, el abogado Caucoto denunciará por esto al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.LN