Mientras sesionaban, los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema debieron escuchar ayer la protesta de abogados y familiares de la víctimas de la dictadura, que se manifestaron ruidosamente frente al ingreso de ese tribunal en contra de sus últimas resoluciones que marcan una regresión jurídica pro militares que cometieron delitos de lesa humanidad.

En el acto participaron integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y abogados querellantes, incluyendo profesionales del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, expresó que los dictámenes de estos ministros -en algunos casos de todos y en otros conformando una mayoría ocasional- significa "una cortapisa al avance sustancial de las investigaciones de los delitos de lesa humanidad y contravienen los tratados internacionales que rigen esta materia".

En el acto también estuvieron las dirigentas de la AFDD Viviana Díaz y Mireya García, y los abogados Hugo Gutiérrez y Fabiola Letelier, y los integrantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que son parte en las causas, Boris Paredes, Loreto Meza, Magdalena Garcés y Joseph Beraud.

En una declaración pública la AFDD manifestó que las últimas resoluciones en materia de derechos humanos de la Sala Penal de la Corte Suprema "corresponden a sanciones irrisorias y agraviantes, o simplemente aplican la prescripción de los delitos. Ello es contrario a las obligaciones que en materia de justicia obliga a los Estados para hacer respetar y fortalecer la doctrina, mecanismos y normas que aseguran el recto ejercicio de la justicia, especialmente en los procesos por crímenes contra la humanidad".

La guardia de Gendarmería que custodia el palacio de tribunales debió actuar para inducir al término de la manifestación, lo que hizo en forma mesurada.

Fallos contradictorios

El acto de protesta fue expresión de una secuencia de fallos de esta sala que van en directa oposición a una línea jurídica que se instaló en los últimos años en las cortes, lenta pero sostenidamente, y que establece la preeminencia de la legislación penal internacional que regula y protege los derechos humanos, especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, por sobre la legislación penal local.

Asimismo, esa tesis jurídica de las cortes rechaza amnistiar o prescribir los delitos cometidos durante el régimen de opresión, por ser contrario a los tratados internacionales que en esta materia rigen en Chile.

Los fallos criticados dicen relación con la drástica rebaja de las penas a los militares condenados, como también a la aplicación de la prescripción del delito por el paso del tiempo y el desconocimiento de la legislación penal internacional. LN