
Jueves 22 de noviembre de 2007
A riesgo de convertirse en el segundo fracaso gubernamental en el Senado durante la tramitación de la Ley de Presupuesto estuvo ayer la asignación de fondos para la deficitaria Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Después de empatar a 16 votos en dos oportunidades -y con la ausencia de los senadores Adolfo Zaldívar (DC) y Fernando Flores (Chile Primero) en el plenario- el ítem quedó al borde del rechazo. De ahí las rápidas gestiones que realizó el Gobierno para conseguir un acuerdo con la Alianza antes de que la materia fuera vista de nuevo a las cuatro de la tarde.
Finalmente se obtuvo un acuerdo, que consistió en aprobar la totalidad de los montos solicitados en el caso de las glosas de compromisos legales de EFE, es decir, los que corresponden a indemnizaciones de trabajadores y otras deudas de este tipo, mientras que para los débitos externos se entregó sólo 25% de los dineros requeridos. Esto permitirá operar normalmente a EFE hasta marzo o abril de 2008, plazo para el cual el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se comprometió a presentar un plan de reordenamiento y racionalización de la empresa, hoy investigada por una comisión parlamentaria debido a denuncias de irregularidades cometidas durante la administración del ex Presidente Ricardo Lagos.
En tanto, la partida correspondiente al Ferrocarril Suburbano de Concepción S.A., subsidiaria de EFE, quedó en 4 mil 500 millones de pesos y la glosa destinada a amortización de deuda interna en más de 5 mil 200 millones, que es un cuarto de lo que había propuesto La Moneda.
Ola de sospechas
La votación presupuestaria de EFE dio pie a un áspero cruce de acusaciones entre La Moneda y la derecha, luego de que la sospecha de una maniobra gubernamental para bypassear al Congreso se instaló en la Alianza pasado el mediodía. En ese momento el senador UDI Jovino Novoa solicitó -tras haber empatado en la entrega de recursos para EFE, que se resolvió durante la tarde mediante el acuerdo descrito- que todas las partidas se votaran durante la jornada "hasta despacharlas".
La negativa de la Concertación a la propuesta, sumada al recordatorio que horas antes había hecho el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, de que en última instancia si la discusión se dilataba más allá de los plazos establecidos podía entra a regir el proyecto original de presupuesto enviado por La Moneda, alimentó una serie de suspicacias. La Carta Política dice que 60 días después de ingresado el presupuesto el Congreso no lo ha votado, entra a valer el proyecto original de la Presidencia.
De estas dudas dio cuenta el presidente gremialista, Hernán Larraín, que manifestó -flanqueado por sus pares Andrés Chadwick, Alberto Espina y Andrés Allamand- el temor de que el Ejecutivo "esté buscando aprobar el presupuesto por secretaría".
"Se pidió, para acelerar el debate, que hablaran dos parlamentarios de cada lado y la Concertación se opuso ( ) Hemos visto voluntades contrarias al despacho pronto y expedito de la Ley de Presupuesto. Se pidió que la discusión fuera hasta que se despachara y de nuevo la Concertación se opuso", relató el parlamentario.
"Si esto está dentro de este espíritu (de dilación), entonces estamos dentro de una maniobra que anticipa una crisis institucional y lo que nosotros queremos decir es que si ésa es la voluntad del Ejecutivo, entonces no estamos disponibles para nada con el Gobierno y entramos en una situación de conflicto gravísimo en el país", insinuó.
¿CUARTA VÍA?
La idea de la oposición fue evitar, a través de esta intervención, que la llamada "cuarta vía" de la administración para conseguir fondos para Transantiago -se habla de una ley especial, opción de veto y usar el 2% constitucional para calamidades- pudiera ser analizada en el seno del gabinete como una posibilidad viable.
Sin embargo, Viera-Gallo precisó que no existe este propósito en el Ejecutivo de ocupar este camino: "El Gobierno ha llevado a cabo la discusión de la ley de presupuesto con lealtad y en los plazos que corresponden y la voluntad del Gobierno es que se pueda despachar lo antes posible y ojalá esta semana".
Respecto de la advertencias de Larraín, sostuvo que se trata de "declaraciones fuera de lugar, desafortunadas, propia de la pasión del momento". "Las palabras hay que cuidarlas mucho. Si hablan de quiebre institucional que mejor recuerden", emplazó.
Con todo, Viera-Gallo subrayó que no es una novedad que en el peor escenario rigen medidas excepcionales. "Está en la Constitución que estableció el Gobierno militar, aprendiendo de lo que fue la guerra civil de 1891, donde se dice que si el Congreso no despacha a tiempo, rige el proyecto del Ejecutivo", reflexionó. LN