Hacinamiento endémico, condiciones inmundas de reclusión, calor asfixiante, falta de iluminación, violencia y confinamiento permanentes reinan en las cárceles brasileras, según un informe del Comité contra la Tortura de la ONU, el órgano que vigila el cumplimiento de esta convención internacional.

"La tortura y los malos tratos son todavía generales y sistemáticos" en las penitenciarías, concluye el documento, redactado por los expertos independientes, Fernando Mariño Menéndez, de España, y el chileno Claudio Grossman, dos de los diez miembros de este Comité, quienes visitaron oficialmente Brasil en 2005.

El informe fue mantenido hasta ayer, en secreto, aguardando la reacción del gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien acaba de rechazarlo. La ONU ha decidido publicarlo próximamente en Ginebra, incluyendo la respuesta de Brasil, cuya diplomacia prefería preservar la investigación en la confidencialidad.

La misión de la ONU visitó penales y comisarías de cinco estados de la federación, entre el 13 y 29 de julio de 2005. Lo hizo alertada por organizaciones no gubernamentales (ONG), que en el 2002 reclamaron la intervención de Naciones Unidas. Salvo incidentes menores, los expertos reconocieron  una actitud de cooperación y transparencia por parte de las autoridades.

Lo que les llamó la atención a los expertos es la lentitud de Brasil para mejorar su aparato penitenciario. Habiendo dejado atrás la dictadura militar (1965-1985), el gigante sudamericano dispone de una Constitución democrática desde 1988, y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes fue ratificada el 28 de septiembre de 1989.

Sin embargo, los expertos precisan en su informe que en las cárceles brasileñas "hay práctica sistemática de la tortura cuando parece que los casos de tortura notificados no son fortuitos ni se han producido en un solo lugar o en un momento concreto y observan en ellos elementos de hábito, generalidad y finalidad determinada, por lo menos, en una parte importante del territorio del país".

Admiten que "la tortura puede revestir un carácter sistemático sin que ello se deba a la intención directa de un gobierno". Reconocen también que pueden contribuir "factores difíciles de controlar", como el "desfase" de las políticas en los diferentes niveles del Estado, o las "insuficiencias" de la legislación. Sin embargo, estiman que nada justifica lo verificado en su triste recorrido y en lo hablado con los presos.

El panorama se oscurece por el sesgo "discriminatorio" de los vejámenes, afectando "sobre todo a los grupos vulnerables, en particular,  las personas de ascendencia africana", y por la "impunidad" de la que gozan los autores de torturas.

Rechazo oficial

En su descargo, Brasil recurrió al discurso de endosarle cierta responsabilidad al subdesarrollo. Alegó causas complejas, "que pueden incluir el recurso excesivo a la privación de la libertad como forma de castigo, la creciente tasa de criminalidad relacionada a veces con problemas económicos y sociales, y la falta de recursos públicos suficientes para construir y renovar los centros de detención y contratar y adiestrar personal".

Vaticinó que las mejoras no se harán sentir "de inmediato", pero que hay avances. Citó la edificación de una cultura de los derechos humanos en la formación y capacitación de empleados y funcionarios, el reforzamiento de las leyes y la reforma judicial, la adjudicación de mayores presupuestos, la protección e indemnización de las víctimas de la tortura y la represión de los culpables.

El gobierno de Lula también anunció "la abolición progresiva de las celdas en las comisarías de policía", la construcción de nuevas y mejores cárceles con servicios idóneos de salud, "además de varias actividades preventivas con las que se pretende evitar la privación de libertad y favorecer la condena a penas alternativas".

Se defendió de lo dicho en el informe asegurando que la situación imperante no es fruto de la voluntad deliberada del gobierno "con fines discriminatorios y punitivos", y lo corroborado por los expertos no cuenta con su "consentimiento o aquiescencia". Explicó que "dichas situaciones no se caracterizan por la infamia especial de las violaciones agravadas ni porque su finalidad es obtener información o infligir un castigo como en el caso de la tortura".