En un mundo donde las empresas multinacionales son cada vez más poderosas se plantea la necesidad y la urgencia de reforzar los mecanismos para que el sector privado sea democráticamente responsable. Esta responsabilidad democrática tiene dos dimensiones fundamentales: respeto por el sistema democrático y respeto por los derechos humanos de las personas y comunidades.

En relación al acceso a información, componente esencial del sistema democrático, Participa y Oxfam realizaron en 2006 un estudio solicitando información a empresas que prestan servicios básicos. El 84% de estas solicitudes no fueron respondidas, mientras en el 8% de los casos la información fue expresamente denegada y en el 8% restante la información entregada fue incompleta. En cuanto al respeto por los derechos de las personas, una encuesta de Genera, también de 2006, revela que el 81% de las personas que respondieron considera a sus derechos poco y nada respetados por las empresas privadas.

Es el caso de las comunidades de Cuncumén y Caimanes, en la Región de Coquimbo, cuyos recursos y formas de vida están siendo gravemente vulnerados como consecuencia de la debilidad institucional para frenar las prácticas ilegales de Minera Los Pelambres. A pesar de las multas impuestas por la Corema, debido a derrames de aguas contaminadas a la hoya hídrica del río Choapa desde marzo a agosto de este año, el 26 de octubre y el 10 de noviembre se detectaron nuevos derrames de aguas contaminadas al mismo río.

En este contexto, organizaciones y personas de Cuncumén, Illapel y sus alrededores han solicitado participar en las visitas de control y fiscalización, y han entablado acciones legales contra la empresa. La situación se repite en Caimanes, donde esperan la decisión de la Corte Suprema que habilitará o prohibirá la puesta en marcha de El Mauro, el tranque de relave más grande de América Latina, que convertirá en desierto tóxico cuatro mil hectáreas del valle del Mauro, colindante con la localidad.

La responsabilidad democrática del sector empresarial debe alcanzarse, por una parte, mejorando la capacidad de fiscalización e independencia del Estado reformas legales e institucionales , y por otra, mejorando la capacidad de control, movilización y participación de las personas y organizaciones de la sociedad civil. Las promesas y marcos voluntarios de responsabilidad empresarial, el buen gobierno y las políticas de transparencia y acceso a la información están muy bien, pero no son suficientes.

Los derechos y la ciudadanía democrática deben ser reclamados a través de la movilización, presión y vigilancia constante de personas, organizaciones y comunidades. En este sentido, la debilidad del Estado para exigir transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas al sector privado puede costar al actual Gobierno legitimidad democrática. Después de todo, la rendición de cuentas conlleva el derecho a saber, reclamar e influir en las decisiones.