La votación contra el presupuesto para subsidiar el Transantiago ayudó a cristalizar ajustes en el escenario político nacional que hasta antes de este episodio habían permanecido larvados. Con posterioridad a estas votaciones, es un hecho de la causa que en el actual Parlamento las mayorías legislativas son altamente inestables. Por ello, el rol de bisagra que pretende construir la alianza con sectores ex PPD descolgados de la Concertación y el grupo democratacristiano de los colorines, instala un desafío importante para el Gobierno y la Concertación: repensar y reconstruir las bases de una renovada gobernabilidad que les permitan llevar adelante con éxito el cumplimiento del programa comprometido frente a la ciudadanía.

Las posibles soluciones a esta disyuntiva se pueden encontrar, sin embargo, en dinámicas ya ejecutadas donde el Gobierno sí ha logrado constituir acuerdos de modo exitoso. Lo que diferencia los fracasos del Transantiago con el éxito en el acuerdo sobre educación es, principalmente, un método de trabajo que puso como principal componente el volver a hacer política en el sentido más profundo de la palabra; es decir, conducir un debate abierto, transparente, donde cada actor tiene la posibilidad de expresar sus ideas, con el fin de llegar a un acuerdo que beneficie a las mayorías nacionales.

El trabajo de micropolítica que significó la constitución de acuerdos estratégicos al interior de la Concertación para luego enfrentar a la derecha de modo consistente fue la clave del éxito en la negociación sobre la educación. Es justamente este elemento el que imposibilita, o por lo menos limita, el rol de bisagra que pretenden jugar los nuevos actores del tablero político nacional. Vale decir, la política de un Pacto Social por la Cohesión que ha propuesto la Presidenta Bachelet es el principal antídoto para impedir que la voluntad programática y legislativa de la coalición mayoritaria quede entregada a la de una minoría que, gracias a las inequidades del sistema electoral actual, profita de una suerte de poder de veto, potenciado por una complacida derecha parlamentaria.

Ahora bien, para llevar a la práctica este cometido de un pacto social se requiere fortalecer, de modo consistente, la identidad programática al interior de la Concertación. Sin embargo, existe un debate larvado al interior de ésta, que es necesario encauzar y conducir, sobre la necesaria renovación de su proyecto político, a fin de incorporar las nuevas dinámicas sociales producidas por los propios éxitos y las propias capacidades transformadoras del conglomerado, a una estrategia que dé cuenta cabal de los desafíos de Chile en los próximos años. Estamos hablando de la necesaria inauguración de una fase diferente de políticas públicas, inspirada en nuevos principios de acción y que sea capaz de recoger y procesar las exigencias que emanan de la actual estructura social chilena.

Parte importante del establecimiento de este sentido común de renovación e innovación lo representa la promesa encarnada en el liderazgo de la Presidenta Bachelet, quien debe seguir manteniendo el desafío de traducir permanentemente los contenidos de esa promesa en diseños institucionales y políticas públicas consistentes con la necesidad ciudadana de protección y reconocimiento de derechos que representa su mandato presidencial.