El informe del Barómetro de Abuso de Poder, que divulgó Genera, da cuenta de la evaluación negativa que persiste en cuanto a la percepción de los abusos de poder en los derechos sociales. Ciertos datos exponen, por ejemplo, que tanto en 2005 como en 2006 se mantiene en 50% la experiencia de vulneración de estas garantías en la población consultada (en salud, educación, vivienda, previsión, trabajo). Segundo, sobre la representación del uso del poder, de acuerdo con los consultados, en torno a 40% lo concibe de modo negativo, vinculado con relaciones de desigualdad (16%), experiencias como abuso y corrupción (16%) y valores negativos como envidia y arrogancia (4%). El uso del poder es visto en términos positivos sólo en 18% de las menciones. Tercero, los consultados entienden este abuso como aprovecharse de una posición superior (en torno a 40%); 18%, con pasar a llevar derechos de la gente; 11%, como la expresión del uso de la fuerza para conseguir ciertos objetivos.
Una cuarta cifra interesante dice que cuando se pregunta por las responsabilidades en los abusos de poder, más de 60% relaciona las conductas con la política o cultura institucional del organismo que presta el servicio (en salud, educación, vivienda, previsión o trabajo). Se liga más a factores estructurales que a una mala experiencia vivida con un funcionario determinado. Sin embargo, en quinto lugar, un elemento positivo radiografiado es el aumento de la disposición ciudadana a reclamar cuando percibe como vulnerados sus derechos. Ello revela que tenemos -desde la herencia autoritaria y en la actualidad con la democracia limitada de las modernizaciones- prácticas institucionales e interpersonales que están atravesadas por la desigualdad, las injusticias, la discriminación y el maltrato. Es decir, por situaciones que pueden caracterizarse como una negación del reconocimiento del otro como "otro legítimo" al que asisten no sólo ciertos derechos, sino un trato acorde con una dignidad humana común.
La percepción sobre una sociedad desigual y poco justa demanda otra mirada, en la que se puedan incorporar ingredientes de nuestra cultura política pública, de la ética social imperante -relaciones entre ciudadanos e instituciones- y su incidencia en la producción de esas situaciones vividas. La historia social del país está marcada por la existencia de una serie de hechos que se repiten, en los que se ponen de manifiesto signos de exclusión, discriminación o violencia sobre el otro, en particular si ese otro es mujer, indígena, pobre, analfabeto, inmigrante o adherente a proyectos de cambio.
El abuso de poder en el campo del usufructo de los derechos sociales nos habla acerca de herencias y falencias del modelo económico y de formas de convivencia marcadas por hábitos sociales que no contribuyen a superar asimetrías ya históricas: el autoritarismo, la impunidad, las discriminaciones, la falta de estima social que puebla el escenario decisional privado y público. Los resultados del barómetro confirman algo que hemos podido rastrear desde otros ángulos: la inexistencia entre nosotros de una moral igualitarista en el área de los lazos sociales e institucionales y las consecuencias previsibles de ello. Puede pensarse que no será una tarea simple modificar la conducta de instituciones y estructuras si al mismo tiempo las actitudes personales, corporativas y gremiales apuntan en sentido contrario; es decir, si se sigue procediendo como si hubiera gente de primera, segunda y tercera clase, y se sigue pensando que es algo bueno y conveniente que sea así.
Al parecer, estas situaciones no provendrían únicamente de los grupos más poderosos o los que tienen más prestigio. Si la falla es "geosocial", si está ligada a las formas de articulación entre los ciudadanos y personas entre sí -y las instituciones-, entonces podremos encontrar conductas y hábitos de discriminación y de maltrato en distintos escalones de la sociedad y en distintos oficios institucionales. Cada vez que cualquier conciudadano sienta que posee alguna cuota de poder, tendrá muchas veces la tentación de -como quizás hicieron con él- abusar en cierto grado de ese micro o macropoder como forma de "hacerse valer" ante el resto. Resulta importante poder evaluar estas situaciones para no evitarnos un juicio sobre las relaciones sociales dadas, sobre las instituciones que tenemos y la matriz a la que obedecen.
Las situaciones de abuso de poder, aunque se examinen en el plano de la práctica de organismos ligados con el cumplimiento de supuestos derechos sociales y aunque muchas veces exista la tendencia a verlos como desligados del uso del poder político, remiten indefectiblemente al tipo de sociedad que tenemos, al estado de su vínculo social y sus principios ordenadores. Cuando hablamos acerca del tipo de sociedad que tenemos, de la sociedad que queremos y sus principios ordenadores, nos encontramos hablando siempre de política, en particular de política democrática: del modo cómo resolvemos deliberativamente la manera de autoorganizar la vida en común.
Podría colegirse que el abuso de poder hacia parte importante de la población en relación con los derechos y tratos debidos, nos habla de los déficit que tiene nuestro proceso democrático, en particular sus capacidades de diseñar formas, medios e instituciones capaces de cubrir los derechos básicos en el terreno socioeconómico y cultural, lo cual parece mostrar que tenemos una política que, por ahora, va a la zaga de las posibilidades del modelo económico. Resultará contradictorio y/o poco viable una profundización democrática si no apuntamos al mismo tiempo a la conformación de una ética (un ethos) de la igualdad transversalizada.
* Pablo Salvat Bologna, doctor en Filosofía de la U. Católica de Lovaina y director del Magíster en Ética Social y Desarrollo Humano de la U. Alberto Hurtado.
