Mantener la educación pública bajo administración municipal, donde ésta haya demostrado buenos estándares de calidad y eficiencia, y desarrollar modelos de gestión regionales, provinciales o de asociación de municipios, son los caminos que mayoritariamente se proyectan en los partidos de la Concertación.

Aunque las cifras señalan que cerca de 30 municipios han mostrado buenos resultados en términos de gestión, la coalición no quiere que sea la máxima aspiración, pues no se trata de quedarse con lo menos malo, sino de propender a la excelencia. Más aún si se confirma el acuerdo en torno a que en la Constitución se establezca que el Estado sea garante de una educación pública de calidad.

La idea es buscar que la educación fiscal logre un nivel de calidad para todos, no sólo para los más pobres.

En este proceso, el Partido Radical Social Demócrata exigió que las materias que no se acordaron con la derecha, al menos se trataran en este protocolo, abriendo un debate interno que obliga a la Concertación a la máxima rigurosidad y a hacer suyo un tema trascendente de país.

Desde Palacio

Las fórmulas que el nuevo equipo de la Concertación deberá entregar en plazos acotados en el mismo protocolo, tienen su origen en el Consejo Asesor que nombró la Presidenta Michelle Bachelet para reformar la educación.

Uno de los tres temas comprometidos en ese consejo era el de la institucionalidad en educación pública, que fue visto en un comité técnico coordinado por la subsecretaria de desarrollo regional, Claudia Serrano, e integrado por representantes del Ministerio de Educación, de la Secretaría General de la Presidencia y Hacienda, entre otros actores. "Ese comité avanzó bastante, evaluó distintas opciones, pero no llegó a un acuerdo final, porque dentro del propio Gobierno y de los partidos de la Concertación había distintas opiniones", explicó la diputada PPD, Carolina Tohá.

En ese marco, el tema no se trató con la derecha porque la propia coalición oficialista no estaba de acuerdo y de ahí la necesidad de establecer un procedimiento para llegar a una postura común.

Desde el PPD, el punto es que cambios superestructurales como la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), la creación de nuevas instancias para asegurar la calidad de la enseñanza y de un marco regulatorio exigente para los sostenedores, deben ir acompañados de las reformas más específicas para que la educación pública pueda también ser reforzada.

"Hay problemas adicionales en la institucionalidad de la educación pública que en este nuevo cuadro más exigente, donde no va a haber tantas facilidades para hacerlo mal, puede afectar muy negativamente a la educación pública", dijo Tohá, quien se inclinó por acotar la combinación de fórmulas a dos modelos: el municipal y otro por definir.

En el PRSD, el diputado Fernando Meza coincidió en que la idea es combinar fórmulas, ya que "lo que está bien hecho, no tenemos porqué alterarlo" y mostró mayor entusiasmo por la idea de corporaciones regionales. Pero, sobre todo, puso el énfasis en la necesidad de "devolver a los profesores su dignidad, no sólo en cuanto a subirles los sueldos, sino que a través de una carrera docente".

En la DC, el diputado Gabriel Silber también sostuvo que "no queremos poner una camisa de fuerza a la institucionalidad" y aunque reconoció la importancia de los recursos para que algunos municipios muestren buenos resultados, subrayó que otro factor tan importante como ése es el compromiso que se ponga en la materia para hacer una buena gestión.

Valoró la iniciativa surgida del trabajo con la Subdere, en cuanto a llevar adelante un piloto en Coyhaique, con una corporación regional de educación, pues "la idea es evitar políticas públicas similares al Transantiago", dijo.

En el PS tampoco hay una opción clara, pero el diputado de la comisión de Educación, Manuel Monsalve, considera que una buena fórmula que combine la gestión municipal, donde tenga buenos resultados, con una de tipo corporación provincial de educación, al modo que ocurre en Salud, es lo mejor.

"El hilo conductor es el fortalecimiento de la educación pública y de ahí la necesidad de evaluar en términos de financiamiento y gestión las diferencias y desigualdades que se producen entre municipios ricos, con gran capacidad profesional, y los pequeños, con alta dependencia del Fondo Común Municipal", expresó.