Una de las hebras sueltas del acuerdo político reciente destinado a reformar la LOCE es la educación pública. Se diría que el nuevo consenso refunda el sistema escolar, porque redefine el pacto entre Estado, proveedores y demandantes del servicio educativo. Junto con legitimar el proyecto sociopolítico que subyace en el sistema, indica que el aparato estatal asumirá nuevas responsabilidades con el propósito de garantizar el interés común y, por tanto, se acepta la necesidad de nuevas reglas: el escenario actual lesiona incluso el interés privado al no producir las condiciones mínimas para que todos puedan elegir el establecimiento escolar que estiman les ayudará a lograr sus propios proyectos de vida.

Redefinir el pacto educativo implica resignificar la educación pública. Si antes, en la enseñanza, lo público era sinónimo de gratuidad y gestión estatal, ahora es claro que no. Sin embargo, ni hoy ni antes lo público se jugó en la gratuidad de la instrucción pública. Nada es gratis. Siempre se necesita que alguien pague los costos. El de la "educación pública" lo ha solventado el Estado con impuestos; es decir, de manera difusa, por todos. Pero es distinta una sociedad en que las familias que buscan un futuro mejor para sus hijos asumen, a priori, que la educación es un servicio con precio, de otra donde éstas parten de la base que el precio no será una barrera de acceso a la buena educación. Por esto, la indiferencia del acuerdo en torno al financiamiento compartido es rechazada tan categóricamente: se ha consagrado que las oportunidades y las trayectorias educativas de calidad para todos no pueden garantizarse con el financiamiento estatal y es correcto que algunos puedan mejorar sus posibilidades con recursos propios, mientras otros están imposibilitados. Como dijo Fernando Atria, sólo se recibe lo que se paga. Y el Estado paga el mínimo.

La administración de la educación pública de parte del Estado es una idea con aún fuerte arraigo en la sociedad. En la encuesta CEP sobre educación de mediados de 2006, 73% de los consultados (sin distinción ideológica) dijo preferir que el Mineduc fuera el administrador de las escuelas. Tal contundencia, sin embargo, ha sido considerada una crítica a la situación actual de un mercado educativo en que municipios y sostenedores privados subvencionados compiten como si fueran iguales a sabiendas de que no lo son. Luego, esta demanda por un Estado que administre escuelas sería más un reclamo por decisiones que corrijan las distorsiones y efectos perversos del arreglo vigente. Lo público en educación, en este sentido, ya no es sinónimo de estatal, sino de un Estado dotado de reglas, recursos y capacidades para garantizar una oferta capaz de proveer una base común de aprendizaje para todos. Visto así, se puede pensar que la creación de una superintendencia y una agencia de aseguramiento de la calidad son una respuesta a ese clamor por un Estado más responsable en educación.

El acuerdo a favor de una nueva arquitectura para la educación subvencionada por el Estado es un reconocimiento transversal a la existencia de fallas geológicas en el diseño de mercado educativo impuesto en los 80, tolerado por los gobiernos democráticos. Se debe destacar la polémica sobre la educación administrada por los municipios. Implica reconocer que los argumentos de muchos críticos son parciales. Concretamente: discutir la educación municipal supone revisar la idea de que los bajos resultados de escuelas y liceos municipales son, simplemente, una cuestión de inoperancia y captura por parte de intereses particulares de docentes y políticos locales; tampoco se puede seguir diciendo que la caída de la matrícula municipal se debe únicamente a las preferencias de las familias por la educación privada subvencionada.

Todo esto, seguro, hace parte del diagnóstico sobre el que se debe trabajar, pero ahora se termina por reconocer que también hay causas estructurales. De un lado, las fallas de mercado educativo (costos subestimados, condiciones de competencia y obligaciones desiguales, bajos incentivos al buen desempeño, déficit de información que afecta la posibilidad de elegir de los más pobres, escasas barreras de entrada a nuevos oferentes e inexistencia de sanciones al mal servicio).

De otro, problemas propios de la educación municipal, como la inflexibilidad del Estatuto Docente, las irregulares capacidades y recursos de gestión local de la educación, el "giro múltiple" del municipio (es decir, que administra servicios tan distintos como salud, educación, aseo, jardines, cementerios y que, además, responde a (des)equilibrios políticos); el debilitamiento de la narrativa de la educación pública y la baja responsabilidad social de muchas autoridades locales que, por años, no generaron mayores oportunidades educativas debido a que no construyeron establecimientos ni emprendieron esfuerzos coordinados de mejora de la calidad de sus procesos y resultados escolares.