Un pueblo de menos de 300 habitantes, un colegio, una iglesia y una plaza. Tarapacá no es tan conocido como pueblo. Más se lo recuerda por ser el nombre de una provincia y por las tragedias de las que ha sido testigo: la batalla de la Guerra del Pacífico, donde los peruanos masacraron a 2 mil 500 soldados chilenos y un terremoto ocurrido el 13 de julio de 2005 que botó el 80 por ciento de sus casas. Y que a dos años de ocurrido el sismo aún siguen ahí.

El movimiento telúrico afectó mayormente a la comuna de Huara, de la que Tarapacá es una de sus localidades, llegando a los 7,9 grados Richter. Similar suerte sufrieron las localidades de Pachica, Huarasiña, Suca, Chiapa, Huaviña, Illalla, Mocha, Miñe Miñe, Mocha, Jaiña, entre muchas otras que conforman la comuna de 14 mil kilómetros.

Luego de una visita realizada por La Nación a Tarapacá y Huara fue posible comprobar que poco se ha avanzado en la entrega de viviendas definitivas y las personas afectadas aún viven allegadas o en casas provisorias.

SIN VERGÜENZA

Don Lizardo Díaz es un trabajador de Terracom, la empresa que se adjudicó la construcción de las 81 viviendas sociales que pretenden reconstruir en Tarapacá. Está sentado a la sombra de un viejo muro, protegido del sol con un paño bajo el casco. Es natural de Tarapacá y relata que cuando el terremoto de 2005 lo dejó sin casa "las autoridades regionales, a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) se comprometieron a reconstruir las casas en el corto plazo. Poco tiempo después las faenas se detuvieron porque la empresa ya no traía materiales", explica. El hombre agrega que, desde ahí en adelante, los dueños de la

René Saavedra, uno de los tres propietarios de Terracom, dice que los retrasos no son culpa de su empresa.

constructora no se volvieron a ver en la localidad hasta dos semanas atrás, cuando el terremoto reciente de Tocopilla volvió a poner el tema en la agenda pública con la catástrofe que significó la muerte de dos personas, mil 500 damnificados y más de 4 mil 500 viviendas derrumbadas y con daños estructurales.

En la visita fue posible observar que actualmente sólo está terminada la construcción del colegio. La centenaria iglesia está aún en faenas y a la fecha ninguna de las casas se encuentra terminada.

Entonces ¿dónde vive la gente del pueblo? René Saavedra, arquitecto y uno de los tres propietarios de Terracom, relata que muchos han debido recolocarse en los patios de sus casas a la espera interminable de sus nuevas viviendas. "Otros han debido dejar el pueblo y reubicarse en Iquique u otros poblados", explica.

Respecto de la tardanza en la construcción de las viviendas sociales, Saavedra argumenta que no es culpa suya, ya que recién hace tres meses se adjudicaron el proyecto de construcción de las viviendas y que el plazo vence en abril de 2008. "Entiendo que el proceso más demoroso fue el que se produjo en la etapa previa, es decir cuando se aprobaron los proyectos de construcción. Además, las familias fueron bien jodidas al momento de aceptar el tipo de viviendas que les iban a construir", explica.

Para el senador (UDI) Jaime Orpis, quien ha fiscalizado de cerca este proceso, esta explicación es irrisoria. "Sin perjuicio de las responsabilidades de las constructoras no es aceptable que miles de personas no puedan ser coordinadas por el Gobierno y que no se dispongan los dineros para llevar a cabo esta tarea. Responsabilidades como éstas son ineludibles", fustiga.

ABUSO

En medio del sol abrasador de noviembre y las ruinas, Eladio Lozano, uno de los obreros que trabaja en Tarapacá, denuncia que el pago por la jornada es de 6 mil pesos diarios. "Ahora por lo menos nos dan comida, pero antes del terremoto de Tocopilla el jornal era de 5 mil pesos y sin almuerzo incluido".

Según varios funcionarios de la constructora, el año pasado las tarifas canceladas por los propietarios de Terracom eran tan bajas que incluso los trabajadores bolivianos -indocumentados- se negaron a seguir trabajando. "Ahora la situación cambió algo, pero sobre todo para los bolivianos, ya que de los 80 trabajadores actuales, 65 son bolivianos", explica Lozano, agregando que los ejecutivos de la constructora son capaces de eludir los controles de la Inspección del Trabajo regional. La forma más común es que cuando llegan las camionetas fiscalizadoras, los trabajadores extranjeros son escondidos en las chacras cercanas al lugar o derechamente derivados hasta escondites ubicados en los cerros. Si bien el arquitecto Saavedra no reconoce este tipo de prácticas, sí afirma que gran parte de la mano de obra que ocupan es boliviana.

Lizardo Díaz denuncia que el grado de precariedad del trabajo ha llegado a tal punto que los capataces de la constructora les han exigido que ellos mismos consigan el material para la construcción: "cuando se acaba la gravilla nos mandan al río a sacar piedras para hacer la mezcla con cemento", cuenta.

Si bien las cifras del Serviu -entidad encargada de las obras- indican que el 45 por ciento de las 2 mil 448 viviendas afectadas por el sismo ya están listas, Teodolinda Baltasar las cuestiona en la prensa local. "Esa cifra no corresponde". La dirigenta del Comando de Reconstrucción de la Precordillera agregó que "en los pueblos de Miñe Miñe (12 casas), Chiapa (43), Illalla (2), Mocha (30), Huaviña (68), Soga (6), Laonzana (8) y Jaiña (10) aún no comienzan las obras, algo que asegura se repite en otros pueblos, " por lo que por ningún lado las cifras cuadran ". Agrega que sería mejor que el Gobierno entregara el dinero directamente a las personas para así terminar con la ignominiosa espera de sus casas".

En este sentido Orpis señala que el Ejecutivo ha cometido error tras error y que el grado de avance es mucho menor, incluso que el señalado por la dirigenta vecinal. "Este año el nuevo catastro indicó que a las 2 mil 500 casas destruidas había que sumar, por lo menos mil 500 más. Ahí el error lo cometió el Serviu. La triste realidad indica que el total de casas destruidas supera las cuatro mil y que se ha avanzado vergonzosamente poco".