Las divisiones Salvador, Andina y Ventanas  de Codelco interpusieron hoy recursos de amparo preventivos ante las Cortes de Apelaciones de Copiapó y Valparaíso, respectivamente, y mañana harán lo propio las divisiones Codelco Norte en Antofagasta y El Teniente en Rancagua.

La razón de esta ofensiva legal de la cuprífera es "resguardar los derechos constitucionales que se han visto amenazados públicamente por las declaraciones del presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián Cuevas", explicó Manuel Opazo, consejero jurídico de División Andina.  

Cuevas, quien hace cuatro meses lideró la movilización de los trabajadores subcontratados de Codelco, anunció nuevas protestas debido a la no entrega por parte de la Dirección del Trabajo de los resultados de la fiscalización en la minería de la aplicación de la nueva Ley de Subcontratación.  

Según Cuevas, el informe está siendo arreglado "a través de reuniones entre el Gobierno y los poderes fácticos representados por Codelco y la Sonami", y advirtió que las autoridades incurrirían en una "grave ilegalidad" si suavizaran los contenidos del documento.  

Sin embargo, el subsecretario del Trabajo, Zarko Luksic, desmintió categóricamente que haya una negociación política con las empresas mineras. "Lo que se está haciendo es propio del trabajo de fiscalización. Cuando uno fiscaliza muestra su producto, en algunos casos lo coteja, y la otra parte tiene derecho a mencionar de que la fiscalización no ha sido la adecuada o no se ha efectuado de acuerdo a la normativa", sostuvo.  

BLOQUEOS  

La semana pasada, los bloqueos en la ruta de ingreso a la División El Teniente de la cuprera estatal, volvieron a poner una luz de alerta, lo que llevó a Codelco a optar por esta estrategia judicial.  

En este sentido, los recursos de amparo preventivos tienen por objeto "asegurar el libre tránsito desde y hacia las áreas industriales de Codelco, así como velar por la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones mineras, ante posibles bloqueos de caminos".  

Los recursos plantean además que la Justicia "oficie a Carabineros con el objeto de que la policía tome todas aquellas medidas necesarias para garantizar el orden público".

Codelco justificó las acciones legales, recordando "los diferentes hechos de violencia y trasgresión de la legalidad vigente, experimentados durante las acciones de un pequeño grupo de trabajadores de empresas contratistas  en el pasado mes de julio" cuando "se vivieron acciones de vandalismo y sabotaje, que impidieron el normal funcionamiento de la empresa minera".

Igualmente, la cuprífera estatal subraya que "de acuerdo a los resultados del tercer trimestre, entregados en octubre, las movilizaciones de estos grupos de contratistas tuvieron un costo de 200 millones de dólares para Codelco y, en definitiva, para el Estado de Chile".