Con el hallazgo de 295 piezas óseas acabó la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos de Paine que encabezaba desde septiembre pasado el ministro en visita Héctor Solís en cercanías de la Quebrada de los Arrayanes, sector de Los Quillayes, en la zona del Lago Rapel.

Las diligencias terminaron el 26 de octubre y el juez ordenó de inmediato enviar estos restos al Servicio Médico Legal (SML) para que se comparen con las muestras guardadas en el banco de ADN.

Al respecto, el director del organismo forense, Patricio Bustos, sostuvo que "obviamente que encontrar osamentas que correspondan al tiempo en que hubo víctimas de la dictadura y que estén siendo buscados por ministros a cargo de distintas causas de derechos humanos es un tema muy importante".

Sobre el plazo en que habrá resultados concretos, expresó que "lo haremos en el menor tiempo posible, pero con la calidad técnica acreditada internacionalmente que esta situación amerita".

Añadió que el SML está capacitado para hacer el análisis que permitirá determinar la data de los restos y si efectivamente pertenecen o no a víctimas del régimen militar.

"Realizaremos todo el trabajo que podamos hacer en nuestro país y luego de ello se recurrirá a un laboratorio internacional", precisó Bustos.

El juez Solís pidió al organismo elaborar un preinforme con las conclusiones a las que lleguen tras estudiar las muestras.

Evidencia cultural

El equipo dirigido por el magistrado también consiguió 311 evidencias culturales como trozos de tela, botones, fragmentos de vidrios ópticos, anillos y broches. El juez ordenó periciar estos elementos.

A ellos, se agregan al menos 100 vainillas de fusil y revólver y otros 150 proyectiles percutados. Este material será analizado por el laboratorio de Carabineros de Chile.

Las pesquisas en el sector de Rapel las realizó un equipo compuesto por cerca de 20 personas pertenecientes al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones y profesionales del SML.

Querellantes cautos

Pese a la gran cantidad de evidencia encontrada, los querellantes desde septiembre piden manejar la información con cautela, ya que en otras ocasiones ha habido problemas con la identificación de desaparecidos durante el régimen militar.

Los errores cometidos en la identificación de los restos en el caso Patio 29 han hecho que los familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad tomen con calma este tipo de antecedentes. LN