La promoción y ejercicio del derecho de acceso a la información pública son mucho más que un componente de las iniciativas de reforma y modernización del Estado.

Defender y promover el derecho de acceso a información es un proyecto político aunque no necesariamente partidario que busca extender y profundizar la democracia. Esta convicción es la que guía el trabajo de Participa, que entiende el derecho de acceso como fundamental de las personas, el cual es indispensable para el ejercicio de otros derechos, como el de la salud, a un medio ambiente sano, o los derechos laborales.

Es importante destacar esto, dado que el debate público acerca de su importancia en Chile ha estado ligado casi exclusivamente a la agenda de reforma y modernización del Estado, y en particular a la agenda pro transparencia de varias administraciones. Usualmente, el derecho de acceso a la información es valorado por casi todos los sectores políticos partidarios en tanto importante contribución para la eficiencia y transparencia de la gestión pública.

Sin duda, la transparencia y la eficiencia en la gestión son fundamentales requisitos de un Estado que aspire a ser más democrático y justo. El punto es que entender y plantear el derecho de acceso a la información sólo desde esta perspectiva vacía su contenido en tanto herramienta política para reivindicar y hacer efectivos otros derechos, otras maneras de participar y relacionarse, otras formas de democracia. A qué información se accede, cuándo se accede y quiénes acceden es una cuestión de derechos y de poder; de cómo éste es distribuido, balanceado y reproducido en una sociedad.

En este sentido, la futura aprobación de la Ley de Acceso a la Información en Chile, de aplicarse a todos los poderes del Estado, será un avance para el ejercicio de los derechos humanos (así como una contribución a la transparencia y eficiencia), en tanto unifica en una sola norma los procedimientos a seguir y crea un organismo para ejecutar una política pública en materia de acceso, lo cual no existe de forma coherente en la actualidad.

Sin embargo, para que el acceso a información sirva para construir una sociedad más democrática y equitativa, también será necesario que los y las ciudadanas se sientan menos "clientes" o "beneficiarios" de las políticas públicas, y más ciudadanos y ciudadanas capaces y con derecho a participar de forma mucho más amplia, directa y frecuente de las decisiones que afectan la vida cotidiana.