María Ignacia abortó a los 30 años. Hasta entonces no usaba ningún tipo de anticonceptivo oral ni intrauterino y aquella noche su novio tampoco se puso condón. Tenía dinero y pagó cerca de un millón de pesos por un "aborto limpio", en un centro de salud de Providencia que, en estricto rigor, promociona atención de salud dental. "La Nacha" como la llaman sus amigas se convirtió en una de las 30 mil mujeres que abortan anualmente en Chile.

A pesar de las negras cifras, las políticas sanitarias han abierto paso a una planificación familiar cada vez más exitosa, y también han impedido que sigan ocurriendo muertes por este tipo de prácticas.

En 1965, un tercio de las madres que morían en el país lo hacían como consecuencia del aborto. En los últimos tres años, sólo cuatro o cinco han perdido la vida en manos de parteros clandestinos. Para los especialistas no hay dudas: las pastillas anticonceptivas y los dispositivos intrauterinos (DIU) han sido un gran avance para el desarrollo del país en este aspecto. Y, por supuesto, una herramienta fundamental en el derecho reproductivo de las mujeres.

Sin embargo, los esfuerzos de 40 años están a punto de ir al tarro de la basura. Esta semana, el Tribunal Constitucional (TC) cerró la etapa de alegatos en el llamado caso "píldora del día después", un proceso de descargos y exposiciones motivados luego de que 36 parlamentarios de la Alianza presentaran un requerimiento en contra del decreto supremo que autorizó la venta masiva de la píldora del día después a jóvenes mayores de 14 años sin el consentimiento de sus padres. Pero también fue la oportunidad para que la Alianza sacara su carta bajo la manga: su objetivo no fue sólo impugnar el fármaco, sino también atacar el uso del más requerido dispositivo intrauterino (la T de cobre) y el programa de asesoría adolescente del Gobierno que promete confidencialidad a los menores de 14.

La nueva arremetida ante el TC busca saciar así las aspiraciones de sectores conservadores parapetados en organizaciones denominadas "pro vida" y la propia Iglesia Católica que, desatado el debate, reclamó en voz del cardenal Francisco Javier Errázuriz el "respeto a la vida humana". Pero, junto con ello, capitalizó además una sesuda estrategia jurídica que se fraguó en silencio, destinada a asestarle un golpe de gracia a la política sanitaria del Gobierno. Al menos, esa es la aspiración. Y no es menor. Casi tres millones de mujeres en Chile usan los métodos que impugna la derecha.

UNA DECISIÓN PA CALLAO

El abogado y presidente de la organización Pro Vida, Jorge Reyes, no oculta su confianza en un fallo favorable por parte del TC, basado, asegura, en los "sólidos argumentos" que dan los estudios científicos que hablan de las posibilidades abortivas del dispositivo. "No queremos coartar la libertad sexual del pueblo chileno. Pero esa libertad está limitada por el derecho a la vida del niño que va a nacer", defiende.

Pero había más sorpresas. Pese a que Reyes había inscrito su alegato con anterioridad, el día de la audiencia el jurista tomó palco en primera fila junto al obispo auxiliar Fernando Chomalí. Había tenido que ceder su lugar a la académica de la Escuela de Derecho de la UC Carmen Domínguez, asesora de la Conferencia Episcopal. "Se desayunó" cuando vio que no sería él quien alegaría y "tenía un rostro de este porte, porque sólo se enteró en la mañana. Ella llegó muy temprano y empapeló la oficina con documentos", señala un testigo del impasse.

Reyes se defiende e insiste en que no hubo tales diferencias y que todo fue muy planificado desde hace varios meses. Según el abogado de Pro Vida, el plan de acción contempló incorporar "nuevos rostros", empeñados en una defensa menos apasionada. "Era muy importante sorprender con una estrategia distinta e incorporar nuevos rostros para que la exposición fuera totalmente desapasionada", advierte.

Pero el factor sorpresa incluía además mantener la cautela y el silencio, porque "fue muy bueno tenerlo calladito". Consultado, niega que el "sin ruido" responda a la impopularidad de una impugnación de esa naturaleza, porque "las causas se ven en los expedientes, no a través de la prensa".

Profesora de derecho civil, casada, tres hijos y católica practicante, la abogada Carmen Domínguez dio rienda suelta a los argumentos de quienes impugnan la anticoncepción. Durante los escasos 80 minutos de tiempo asignado, su alegación versó sobre los efectos abortivos de la T de cobre, aunque la profesional insiste en que su exposición sólo tuvo que ver con la píldora. "Yo me centré en la píldora, pero cualquier método que produzca los mismos efectos [abortivos] tendría las idénticas características", señala.

El diputado PS Fulvio Rossi no se demora en desmentirla: "Estuve en los alegatos escuchando a la abogada de la Conferencia Episcopal decir que el dispositivo era inconstitucional", advierte molesto.

"Aquí hay falta de transparencia, de engañar al país, de mentirle al país, porque nunca se había dicho que aquí en el requerimiento se estaba cuestionando el dispositivo intrauterino. Aquí la derecha está apuntando al DIU, que lo usan millones de mujeres en nuestro país y que ha logrado bajar las tasas de mortalidad, y ha sido tremendamente exitoso como política pública. Espero que los siete millones y medio de chilenas le pidan cuentas a la derecha".

De ser escuchados los planteamientos de los grupos autodenominados "pro vida", los avances más importantes en términos de derechos reproductivos volverían a cero.

EL ANTICONCEPTIVO DEL PUEBLO

Autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el DIU uno de los más usados es la T de cobre es distribuido en Chile desde mediados de los años sesenta a través del sistema público de salud, como parte de una política de planificación familiar implementada durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva. Su uso ha permitido con cierta eficacia mayor control de natalidad en los últimos 40 años y, lo que no es menor, frenar las cifras de mortandad materna como consecuencia de prácticas abortivas inducidas sin condiciones de seguridad.

Evaluaciones al margen, el DIU aparece hasta ahora como el más tradicional de los métodos anticonceptivos utilizados por las mujeres chilenas, sin distinción de estrato socioeconómico, aunque fue en los sectores populares donde alcanzó una mayor masividad y demanda desde entonces. Según datos del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (Cemera), de las 3.358.196 mujeres (entre 15 y 44 años) que usan algún método de anticoncepción, 1.435.948 utilizan dispositivo intrauterino.

Y la popularidad del dispositivo no es el único punto a considerar. "La mortalidad materna era muy elevada en Chile en 1964, con una tasa de 118 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos, siendo el aborto la causa de alrededor del 40% de estas muertes. El éxito de este programa se ha expresado en la continua reducción de la tasa de mortalidad materna, la que llegó en el año 2004 a 17 por 100 mil nacidos vivos, cifra comparable a la de los países desarrollados. A pesar del programa de planificación familiar, siguen existiendo embarazos no deseados o no planificados, lo que constituye un grave problema de salud personal, familiar y social", explica Soledad Díaz, investigadora del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (Icmer).

Conforme a los estudios y pruebas científicas que permitieron su aceptación por parte de los organismos internacionales, el dispositivo no es abortivo. Sobre la base de esa consideración técnica y los resultados en el tiempo, en octubre del año pasado el actual Gobierno intentó reforzar esa política con la puesta en marcha de las nuevas Normas de Regulación de la Fertilidad, empeñado en "modernizar" los mecanismos y procedimientos para la entrega y uso de dispositivos intrauterinos. La apuesta gubernamental, pese a varios gallitos con la oposición, incorporó además promover la entrega gratuita de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) a mujeres mayores de 14 años, sin necesidad de contar con autorización de sus progenitores, con el propósito de disminuir los embarazos en las adolescentes.

"El DIU es un método producto de una investigación y es aceptado por la OMS, se usa ampliamente en todo el mundo, incluido Chile, y la evidencia científica demuestra que no es abortivo; esa es la posición científica", explica el doctor Giorgio Solimano, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.

Las pretensiones gubernamentales encendieron de inmediato las alarmas entre los sectores más conservadores de la sociedad chilena y una lluvia ácida de críticas no tardó en venir. En marzo de este año, la intención del Gobierno se vio amenazada con el requerimiento de los parlamentarios de la Alianza y, para sorpresa de muchos, los alegatos de esta semana reforzaron la idea de que la intención de la Alianza es borrar del mapa a la tradicional T. Según Jorge Reyes, el dispositivo intrauterino atentaría contra el óvulo fecundado y, por lo tanto, se interrumpe la vida.

Estas afirmaciones son rechazadas por un sector del mundo académico. Según la especialista en temas de género de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile Pamela Eguiguren, "las normas de regulación han permitido que las mujeres ingresen al mundo laboral, tomar decisiones y hacer uso de los métodos y de la tecnología que la humanidad ha puesto a disposición. Aquí lo que se está haciendo es una vulneración de derechos".

¿Y LA ASPIRINA?

El Gobierno, representado ante el TC por el abogado Davor Harasic, defendió el concepto de equidad en la cobertura de salud de los sectores más desposeídos. Y, por cierto, los argumentos de los estudios científicos que señalan que la política de planificación del Gobierno no se basa en métodos abortivos, como sostienen los parlamentarios que se oponen a la entrega de la píldora y también del DIU. El ejemplo salió de la boca de Harasic, quien durante su exposición inquirió sobre la posibilidad de certificar el carácter abortivo del Levonorgestrel. "¿Cómo poder demostrar que la aspirina no es abortiva?", dijo el jurista.

La postura de Ejecutivo es reforzada desde el mundo académico. Desde esa tribuna los argumentos estrictamente científicos y sin cargas valóricas ni políticas no sólo dan cuenta de que el DIU no es abortivo, como se pretende hacer creer, sino también de los beneficios que significa, desde el punto de vista de la planificación social, la aplicación de una normativa de fertilidad que sea capaz de garantizar el acceso equitativo a la salud reproductiva de la población, en particular de los sectores más pobres.

"El respaldo a la introducción de las normas nacionales sobre regulación de la fertilidad se sustenta en que éstas fomentan la equidad en el acceso a la atención de salud reproductiva y dan un paso importante en la solución de algunos problemas acuciantes de salud pública. Argumentar que el proporcionar anticoncepción de emergencia y brindar consejería sin restricciones a los o las adolescentes de nuestro país es impositivo, es desconocer que se trata de oportunidades de libre aceptación, y que lo impositivo sería adoptar una política que niegue el acceso a quien cree necesitarlo", sostiene el doctor Solimano.

"Cuando decimos que afecta a la equidad es porque se supone que las personas que poseen recursos tienen acceso a los diferentes métodos anticonceptivos y que las políticas de Gobierno, al proporcionar los diferentes métodos anticonceptivos, está favoreciendo a las mujeres de menores recursos", agrega el facultativo.

Los argumentos científicos fueron prolijamente atendidos por el Tribunal Constitucional a lo largo de la vista de la causa, y se espera que sean gravitantes a la hora del fallo, pese a la inquietud de quienes defienden el uso de los métodos respecto de las inclinaciones políticas de algunos integrantes de la instancia.

Entre los antecedentes recogidos por el TC se cuenta la exposición de los médicos especialistas del Cemera, a cargo del facultativo docente Ramiro Molina, cuya presentación se basó en datos recientes sobre aborto en Chile y formuló proyecciones en el caso hipotético de que el TC acogiera la prohibición (ver recuadro).

Todos gravitarán en la resolución que debe pronunciar el organismo, que tras los alegatos del jueves resolvió someter a estudio las presentaciones y no requerir pruebas, y quedó en condiciones de fallar en los próximos días.

Sea cual fuere el pronunciamiento, de aquí a entonces habrá otras Nacha buscando entre sus ahorros para pagar una práctica ilícita o comprar píldoras de aborto exprés a través de internet. O peor, muchas otras mujeres que se enfrentan con embarazos no deseados, pero que deben sonreír al mundo porque fueron madres. Aunque nunca les gustó la idea.