La violencia desatada durante dos días en Sucre cuatro muertos, saqueo e incendio de dependencias policiales y una cárcel, diez vehículos de bomberos quemados fue gatillada, en apariencia, por la decisión de mantener a La Paz como sede del Gobierno y del Congreso. Sucre dejó de ser la capital del país hace un siglo en ella hoy sólo funcionan el Poder Judicialy algunas instancias menores , pero su población reactivó la demanda de "capitalidad plena" aprovechando que en ella sesionaba hasta ahora la Asamblea Constituyente.
El asedio a la sede en donde funcionaban los constituyentes movió al Gobierno a pedir la protección del Ejército y trasladar sus sesiones a un liceo militar, pero la persistencia del cerco los forzó finalmente a retirarse, custodiados, hasta la ciudad de Potosí para continuar con sus deliberaciones.
Pero las demandas de "capitalidad plena"-un argumento absurdo para muchos analistas bolivianos sirvieron para llevar agua al molino de una oposición frontal a la decisión de aprobar en general el texto de una nueva Constitución sólo con el voto de los 138 asambleístas partidarios del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). Los 117 miembros restantes dijeron que no aceptaban sesionar bajo la protección militar. Ahora, en lo que resta de diciembre, la asamblea deberá votar en detalle cada uno de los 408 artículos del nuevo texto, en el cual tanto Morales como el MAS y los movimientos indígenas y campesinos depositan sus esperanzas de refundación.
La Constituyente fue convocada en agosto de 2006 y desde el comienzo mostró las profundas divisiones regionales y políticas de Bolivia, hasta el punto de que no logró aprobar ni siquiera el primer artículo. Finalmente, en septiembre pasado, representantes de 14 fuerzas políticas se comprometieron a dar viabilidad a la asamblea. Pero, a poco andar, los delegados de la oposición de derecha continuaron con el bloqueo.
A partir de la violencia de Sucre se ha conmenzado a configurar el inicio de una batalla abierta en contra de Morales, su Gobierno y todo lo que él representa: Su proceso de "revolución democrática" es interpretado en Santa Cruz como una exclusión de los mestizos y extranjeros que viven en las extensas zonas forestales, ganaderas y productoras de oleaginosas. Resentidos de un proceso de pérdida de privilegios del cual el proyecto de Constitución es sólo un exponente , los grupos de clase media y alta lo tildan de "tirano", "totalitarista", "asesino" y "siervo de [el Presidente venezolano Hugo] Chávez".
El nuevo texto sella la propiedad estatal de los recursos naturales, propone un Estado plurinacional que incluye a grupos no pertenecientes a los pueblos originarios , rescata las tierras obtenidas irregularmente para entregarlas a campesinos pobres, crea beneficios directos para la población más vulnerable, impone candados que impiden la cesión de los hidrocarburos y declara los servicios básicos como un derecho humano exento de lucro. También garantiza el referendo revocatorio para las autoridades a todos los niveles, y autonomías para los indígenas y los departamentos.
Pero dicha autonomía no tiene la profundidad ni la dirección que desean seis de los nueve departamentos del país Santa Cruz, Tarija, Beni, Cochabamba, Chuquisaca y Pando , los mismos que tras los disturbios de Sucre efectuaron un paro de 48 horas para protestar contra el proyecto de Constitución. Es claro que una nueva carta magna no será el remedio para los males de Bolivia, entre otras cosas porque los dos tercios del Congreso requeridos para aprobar el nuevo texto cedidos precisamente por Morales para buscar una alianza con la oposición le impedirán materializar muchos de los cambios que desea. Pero también es cierto que el rechazo al nuevo texto encubre una marea mucho más de fondo.
ESCISIÓN GEOGRÁFICA Y ÉTNICA
Esas regiones, bautizadas como "la media luna del oriente", se han declarado en rebeldía desde el inicio del Gobierno de Morales, en enero de 2006, reclamando modelos de autonomía a ultranza como que cada departamento tenga su propio canciller , mayor poder político y control casi total de sus recursos: su riqueza gasífera y agroindustrial aporta un 80% del PIB y representa casi dos tercios del territorio y el 58% de los casi diez millones de bolivianos.
Morales y su todavía amplia base social de apoyo confronta una visión económica, social y cultural en las antípodas de la que tienen la oligarquía terrateniente y el empresariado agroexportador, financiero y petrolero. Pero su discurso modernizador y su ascendiente en la economía ha logrado encandilar no sólo a la clase media, sino también convencer a sectores populares de que los problemas de regiones son causados por el excesivo centralismo de La Paz.
Por ejemplo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic poseedor de extensas propiedades en el oriente boliviano , demanda un estatuto de autonomía que incluye un rígido control sobre los inmigrantes del occidente (altiplano) empobrecido del país.
Es precisamente lo contrario de lo que desean Morales y el resto de Bolivia. Así, una reciente medida del Gobierno quita recursos a las regiones y establece un nuevo impuesto a los hidrocarburos para financiar un bono vitalicio equivalente a 26 dólares mensuales para los mayores de 60 años. El beneficio lo debate hace meses un Senado de mayoría opositora, asediado a su turno por campesinos oficialistas que han prometido no levantar el cerco hasta que la medida sea aprobada.
Pero hay además un segundo factor, más disimulado pero no menos gravitante, en la profunda brecha que separa a partidarios y opositores al Gobierno de Morales. Lo reflejaba después de Sucre el opositor Mario Oña: "La Asamblea Constituyente es sólo para La Paz ( ) está manejada por la gente del altiplano, gente que no sabe medir las consecuencias de sus acciones".
Bolivia siempre ha adolecido de un profundo racismo. Y aunque hoy algunos analistas intentan encuadrarlo en una expresión eminentemente cultural, asociada a una ideología de dominación sustentada en el poder económico, persisten evidentes manifestaciones de racismo étnico. Así, en algunas marchas en Santa Cruz y otras regiones de la media luna suele gritarse "el que no salta es llama", como una forma de decir que los aymaras son animales todavía.
El propio Evo Morales ha sido, en parte, responsable del recrudecimiento racista, al adjudicar a su administración un caráctar marcadamente indigenista. El Gobierno podrá serlo, pero los pueblos originarios tienen una presencia irrelevante en el Poder Judicial o las Fuerzas Armadas, y mucho menos en la propiedad de las empresas.
En este contexto, la elección de un dirigente indígena y campesino es para muchos una anormalidad que debe ser corregida. El mismo Morales lo ha dicho: "El tema de fondo es que algunos grupos no aceptan que un indígena sea Presidente [ ]. Que los pobres también podamos gobernarnos".
UN INQUIETANTE COLOR GRIS
El Gobierno ha denunciado que la violencia en Sucre corresponde a un plan no sólo para dinamitar la Asamblea Constituyente, sino para derrocar a Evo Morales. El vicepresidente Álvaro García denunció que aquél incluye la resistencia civil, ocupación de instalaciones públicas, bloqueos del transporte, cierre de las válvulas de gas y de petróleo y alza artificial de los precios mediante el acaparamiento de los alimentos.
Dicha estrategia sería impulsada coordinadamente por los prefectos de la media luna, donde Morales, de hecho, no gobierna. Lo hacen, en cambio, unos comités cívicos, articulaciones de corrientes políticas derechistas y que suelen encubrir grupos de choques cuyo accionar es muy parecido al de los "camisas pardas" nazistas.
Las asonadas de violencia y las acciones y convocatorias sediciosas apuestan a una polarización a todo nivel. El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, llamó al Ejército a que "defendiera la soberanía nacional". Reyes Villa sabe de lo que habla: fue aliado del ex dictador Hugo Banzer y edecán del ex dictador Luis García Meza. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Wilfredo Vargas, respondió que militares retirados como Reyes Villa carecen de potestad para formular un llamado de esa naturaleza.
La Liga Sucre, de la ciudad homónima, la integran activistas amparados por la alcaldía y la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier. Tras los dos días de violencia en la ciudad, su rector también presidente del Comité Interinstitucional de Sucre , dio por renunciado al prefecto legítimamente electo e impuso en su reemplazo al secretario de la misma casa de estudios. El prefecto titular debió huir luego de que su domicilio fuera incendiado por grupos de la Liga Juvenil chuquisaqueña y cruceña.
Y guardaespaldas del empresario Samuel Doria Medina candidato presidencial del partido Unidad Nacional en las últimas elecciones fueron detenidos en una carretera rumbo a Sucre portando una ametralladora y la munición correspondiente.
GUERRA MEDIÁTICA Y DEL RUMOR
En un libreto que parece calcado de los manuales de guerra sicológica de la CIA, la propagación de rumores y falsas noticias en Sucre fue estimulada por la acción de grupos de choque venidos de Santa Cruz y otras partes. Una de ellas señalaba que un avión venezolano había llevado armas al departamento de Beni para los campesinos que respaldan al Gobierno.
Las principales cadenas televisivas, Unitel y ATB, hacen continuos llamados a la renuncia de Morales y ocultan su discurso explicando los pormenores de la Constitución, pero dan, en cambio, amplia cobertura a los llamados a la revuelta y a la desobediencia civil generalizada. A su turno, la prensa comienza a utilizar diferentes ideas-fuerza, en agunos casos calcadas de la estrategia seguida en Chile hasta 1973.
Entre fines de diciembre y enero próximo -cuando el electorado deberá votar el texto de la nueva Constitución , Bolivia enfrentará uno de sus momentos más críticos. La forma cómo el país salga del creciente estado de polarización gravitará incluso en la permanencia de su Presidente Morales. El dilema no es fácil: los partidarios del MAS son conscientes de que no lograrán aprobar la Constitución revolucionaria que pretendían inicialmente, pero transigir demasiado podría generar un levantamiento popular de iguales características ¿y resultados? que los de octubre de 2003 y mayo-junio de 2005. LND