En materia de derechos humanos siempre son más los desafíos pendientes que los avances logrados. El respeto al derecho a la vida continúa siendo un desafío en algunos países donde las ejecuciones extrajudiciales, abusos de la fuerza pública y la inseguridad ciudadana le arrebatan la vida a miles de personas.

No se ha tenido éxito aún en erradicar la tortura y los tratos crueles e inhumanos en los centros de detención, y la discriminación continúa siendo un problema generalizado. La debilidad del Estado de derecho y la fragilidad del Poder Judicial dificulta el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, mientras que graves problemas socioeconómicos y profundas desigualdades impiden el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales.

A pesar de esto, también es cierto que los gobiernos de la región han avanzado mucho en garantizar la protección de estos derechos. En esta tarea han contado con el apoyo permanente de la Comisión y la Corte interamericanas, a través de recomendaciones y decisiones adoptadas de manera independiente, exentas de las presiones internas que existen en los países.

Por ejemplo, en 2005 la Corte Suprema de Argentina basó en resoluciones de estos organismos su decisión de declarar nulas las leyes de amnistía que favorecían a los militares que cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, un acuerdo de solución amistosa en un caso tramitado ante la CIDH por el periodista Horacio Verbitsky tuvo como resultado la derogación del delito de desacato en Argentina y en otros diez países de la región.

En 2003, la Corte Interamericana dispuso el archivo del caso "La última tentación de Cristo" gracias al cumplimiento por parte de Chile de todos los puntos de su sentencia, incluyendo la modificación de su Constitución para suprimir la censura previa.
Por su parte, Brasil modificó su legislación interna para adecuarla a las normas internacionales cuando aprobó la Ley de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer en atención a las recomendaciones de la CIDH. Brasil también adoptó un Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Forzado a raíz de un acuerdo de solución amistosa firmado bajo los auspicios de la comisión.

Estos ejemplos de cumplimiento son sin duda alentadores. Sin embargo, todavía se depende de la existencia de voluntad política de parte de los gobiernos para lograr estos resultados. En este sentido, el principal desafío pendiente es que se aprueben leyes que obliguen a los Estados a cumplir con las decisiones de la Comisión y de la Corte interamericanas.

En muchas ocasiones el cumplimiento con las decisiones de los órganos internacionales puede tener importantes repercusiones políticas, jurídicas y económicas. El principal aporte que pueden hacer los gobiernos, en ese sentido, es dejar una legislación que claramente obligue al Estado y determine los procedimientos a seguir en dichos casos.

*Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)