Esta tarde Codelco anunció que interpondrá tres recursos de protección, ante las Cortes de Apelaciones de Antofagasta y Copiapó, por los casos de Codelco Norte y Salvador, poniendo fin al misterio sobre cuál sería el camino que elegiría para enfrentar los informes de fiscalización de la Dirección del Trabajo. En los próximos días, se agregarán los libelos correspondientes a las divisiones El Teniente, Andina y Ventanas.

La compañía explicó que los recursos obedecen a las "diferencias con los criterios y facultades que aplicó la Dirección del Trabajo en la fiscalización de la nueva ley de subcontratación", que obligan a Codelco a contratar a unos cinco mil trabajadores que actualmente están tercerizados.  

La empresa justifica esta vía judicial señalando que "hace uso de uno de los instrumentos legales contemplados en la Constitución", una prerrogativa que por la mañana fue defendida por el propio ministro vocero Francisco Vidal, al fijar la posición del Ejecutivo en esta materia.  

El portavoz había señalado que "el Estado de Derecho está plenamente vigente y en consecuencia, si hay una empresa publica que estima que la resolución de la Dirección del Trabajo afecta en la gestión de la empresa, tienen todo el derecho a usar todos los mecanismos que la ley lo contempla".   

Pero esta impugnación judicial fue criticada por la directora del Trabajo, Patricia Silva. Consultada por esta vía -cuando aún no estaba confirmada por Codelco- Silva indicó que "la ley de subcontratación pierde eficacia si se pretende finalmente con este tipo de respuesta judicial que los trabajadores vayan individualmente a demandas para que sean los tribunales quienes constante, a partid de nuestra fiscalización, quién es el verdadero empleador. Comprenderán que así la ley pierde todo sentido".  

Asimismo, Silva defendió el trabajo desplegado por la entidad, al señalar que es "serio, altamente técnico y calificado por profesionales de la Dirección, que finalmente concluyó en las actas de constatación que fueron notificadas". 

LAS RAZONES DE CODELCO  

En su comunicado, Codelco -que recuerda que una vez promulgada la ley de subcontratación ya internalizó algunos trabajadores subcontratistas- señala que su decisión de interponer recursos de protección "se explica, en primer lugar, porque discrepa con los criterios de interpretación de la Ley, en cuanto a su propósito y alcances, aplicados por la Dirección Nacional del Trabajo. Esto significa que, en muchos casos, los fiscalizadores consideran ilegales labores que, a juicio de Codelco, se ajustan claramente a la normativa vigente".  

Añade que "los informes obligan a contratar a empleados de empresas con las cuales Codelco tiene contratos legales vigentes, sin informar o escuchar a las compañías donde trabajan y, en algunos casos, sin considerar la opinión del propio trabajador supuestamente beneficiado. Esto visiblemente genera un daño económico a decenas de empresas contratistas de todo Chile e incluso puede motivar acciones legales contra Codelco o el Estado".  

Asimismo, Codelco precisa que "no utiliza empresas de suministro de personal como puede ocurrir en otras áreas de la economía. Las empresas colaboradoras, muchas de ellas muy especializadas, son un aporte clave en el desafío de Codelco de continuar siendo el principal productor de cobre del mundo".  

En tercer lugar, la empresa plantea que "no está de acuerdo en que un acto administrativo de la Dirección del Trabajo decida quién debe ser trabajador de Codelco. Esto implicaría renunciar al derecho de seleccionar al personal de acuerdo a sus capacidades y conocimientos, lo que perjudica las posibilidades de desarrollo de la Corporación".  

Precisa, asimismo, que estas materias "escapan, a juicio de Codelco, de la competencia de la Dirección del Trabajo, pues ellas son cuestiones cuya resolución corresponde exclusivamente a los Tribunales de Justicia".