Definitivamente no estará dentro de los puntos a negociar entre el Gobierno y el Parlamento el tema del ingreso de los bancos al negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), cuestión que permanecerá como está en el proyecto para ser votado en sala, donde se prevé su rechazo.

Así lo definieron luego de una intensa jornada de reuniones encabezadas por los ministros de Trabajo y Hacienda, Osvaldo Andrade y Andrés Velasco, con los senadores de las comisiones respectivas de la Cámara Alta.

Andrade restó dramatismo al hecho de que no exista acuerdo para integrar el tema al debate previo a la votación, expresando que se votará en sala, pues "los parlamentos son para eso, son para votar". Y subrayó que en casi todos los otros puntos "tenemos claramente la orientación hacia donde debiera dirigirse la indicación final".

Son 20 temas planteados por los senadores al Ejecutivo, los que "se van a trabajar en la dirección de hacer indicaciones que recojan las aspiraciones señaladas en las presentaciones de la Alianza y de la Concertación", según dijo Andrade, apuntando que "se recogen en su espíritu, pero le damos el respaldo y contendido que al Ejecutivo le parece razonable".

Se estudian indicaciones sobre la definición de "grupo familiar", la regla de reajuste de la Pensión Básica Solidaria, el factor actuariamente justo, el monto de la pensión máxima con aporte solidario, la gradualidad de la PMAS, la entrada en vigencia de la cobertura del SPS (2017) y la gradualidad de la cobertura (2008 2010).

También la creación de un Consejo Consultivo Provisional, la regulación de las comisiones de usuarios, las funciones de los CAPRIS en el ámbito privado, e incorporar al Instituto de Seguridad Laboral al Sistema de Alta Dirección Pública.

Asimismo, se plantea mejorar el monto del bono por hijo, revisar la entrada en vigencia del subsidio para la contratación de trabajadores jóvenes, mejorar incentivos para la incorporación de trabajadores independientes al sistema de Pensiones.

Finalmente, se estudiará incluir a trabajadores independientes voluntarios como beneficiarios del subsidio de incapacidad laboral y del beneficio tributario que permite la rebaja del impuesto a la renta producto de las cotizaciones; evaluar la falta de incentivos a la subcontratación de servicios por parte de las AFP por efecto del pago de IVA; aumentar la transparencia y requisitos de mayor información a los afiliados; permitir la figura del coseguro en la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia.

Así también, aumentar requisitos para directores de AFP y directores de sociedades anónimas votados por AFP y estudiar alternativas para eliminar dudas sobre  constitucionalidad de la licitación de cartera de afiliados y aumentar su efectividad.