Carabineros e Investigaciones pasarán del Ministerio de Defensa al de Interior; una subsecretaría de Prevención del Delito y Apoyo a las Víctimas y otros proyectos de ley son parte del acuerdo sobre seguridad pública firmado por el Gobierno y la Alianza. Un acuerdo que en los últimos años y meses fue bandera de lucha de las autoridades y la derecha. Una prioridad nacional que hizo que la delincuencia y la drogadicción pasaran a ser noticia de primera página y que finalmente fuesen el punto de encuentro entre sectores históricamente opuestos.

El énfasis en este tema ha logrado instalar en el inconsciente colectivo la idea de que es necesario que prime el todo está permitido en quienes actúan directamente contra la delincuencia. Las policías, poco a poco y con el correr de los años, han aumentado sus facultades para combatir el delito, inclusive pasando a llevar la ley y los derechos fundamentales. La presión de la derecha a los gobiernos de la Concertación sobre el tema, unido a una campaña comunicacional de sus propios medios, los estudios y encuestas sobre el temor de la población, han llevado a los mandatos concertacionistas a ceder y ser permisivos para conseguir armas y desbaratar redes de narcotraficantes. Pareciera ser que el tema reporta votos y beneficios electorales, por lo que sumarse a la campaña es una tentación rentable.

Pero se olvida que en esta política implica vivir bajo la filosofía de que el fin justifica los medios, con una grave vulneración de los derechos de gente inocente. Los allanamientos a los que nos estamos acostumbrando en poblaciones santiaguinas para combatir la delincuencia -no siempre ajustados a la ley- son parte de ese atropello a la seguridad, la tranquilidad y la integridad física y síquica de familias completas. Un abuso amparado y justificado por quienes han asumido la tarea de conseguir a cualquier costo la denominada seguridad ciudadana.

En estos operativos que hoy se realizan preferentemente en las madrugadas se actúa no siempre con orden previa, con mucha prepotencia de parte de los funcionarios, reventando puertas, ventanas o cualquier escollo que se les oponga. Constituyen un atentado grave contra los derechos fundamentales de muchos ciudadanos inocentes a quienes generalmente no se les encuentran ni drogas ni armas. Otras veces portan órdenes de la nueva justicia pero no las exhiben ni las intiman según dispone la Constitución. Se realizan sin ningún control de las autoridades que expidieron esas órdenes.

Es necesario detenerse y observar la forma cómo se está cumpliendo la labor de lucha contra la delincuencia. Existen aspectos no visibilizados en la manera en que se ha asumido. Ello obliga a reflexionar si una política de combate a la delincuencia se ajusta a los estándares de respeto de los derechos fundamentales. La memoria histórica es pródiga en ese tipo de análisis, porque en el pasado reciente se desarrolló e implementó un plan de combate a la subversión que erigió como paradigma "el todo vale", el que hoy, pareciera emularse en la lucha contra la delincuencia. No todo puede estar permitido. Es parte del control social al que todos estamos llamados a asumir. El supuesto aumento del delito ha llevado a nuestras autoridades y a la clase política a enceguecerse con el tema, permitiendo ir más allá de los límites racionales y aceptables.

No se trata de echar por tierra el trabajo policial, tampoco de inhibirlo ni menos desprestigiarlo, sino poner sobre la mesa un tema no visibilizado y que en definitiva se convierte en nuevas formas de violaciones de los derechos humanos, radicados en los operativos policiales. En el acuerdo es necesario valorar sobremanera el traspaso de las policías al Ministerio del Interior, en donde siempre debieron permanecer. Esto permitirá imponer un mayor control del actuar policial por parte del ministerio encargado de la implementación de las políticas de seguridad ciudadana.

Fue bajo la dictadura de Pinochet donde éstas pasaron a Defensa, cambiando su esencia de servicio público a entidades militarizadas, decisión que hizo un grave daño a las propias instituciones de orden público y a la sociedad chilena. Este cambio, más la nueva justicia imperante, que se inspira en un espíritu garantista y defensor de los derechos humanos, debieran influir sustancialmente en la disminución de los abusos en que incurren nuestras policías en plena democracia.