La Organización de Estados Americanos (OEA), recibió los informes anticorrupción sobre Chile, Colombia, Panamá, El Salvador, República Dominicana y las Bahamas, los que se realizaron para velar por la probidad en esas naciones.

Los documentos fueron elaborados por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) en una reunión que concluyó el 7 de diciembre pasado.

Los informes, que son parte de la segunda ronda de evaluaciones del cumplimiento de la convención, examinan en detalle el marco jurídico-institucional y los resultados objetivos obtenidos en cada país.

Además, formulan recomendaciones concretas sobre las áreas en las que aún se requieren avances adicionales.

Los temas evaluados en esta ronda se refieren a la transparencia en la contratación de funcionarios públicos y en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, la protección de quienes denuncien actos corruptos y la tipificación de delitos previstos en la Convención.

En esta segunda ronda, también se evaluarán los avances logrados por los países en la implementación de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados en la primera ronda.

En ellos se examinaron las medidas y resultados obtenidos por las naciones en materia de prevención de conflictos de intereses, declaraciones de patrimonio de quienes desempeñan funciones públicas, órganos de control superior, acceso a la información pública y otros mecanismos de participación de la sociedad civil para prevenir actos corruptos, y asistencia para obtener pruebas en el estudio y juzgamiento de actos ilícitos.

El Mesicic es un mecanismo establecido por la OEA y donde los Estados se evalúan recíprocamente, en condiciones de igualdad, con respecto a las medidas tomadas y resultados obtenidos para aplicar la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Además se formulan recomendaciones específicas en relación con áreas en que hay vacíos o problemas o que requieren mayores avances.

Las organizaciones de la sociedad civil participan en este proceso contribuyendo con datos sobre cada país en los temas evaluados, tanto a través de documentos como de presentaciones en las reuniones del comité de expertos que considera y adopta los informes por país.

Tanto las respuestas de los países y los documentos aportados por las organizaciones de la sociedad civil, así como los informes adoptados, son públicos y pueden ser consultados en la página Web de la OEA.

Durante la segunda ronda de análisis, que concluirá en 2008, se adoptarán informes similares sobre Argentina, Paraguay, Nicaragua, Uruguay, Ecuador, Honduras, Bolivia, Perú, Costa Rica, Venezuela, México, y Trinidad y Tobago.