Dudas y reticencias hay en RN ante la decisión que adoptó el gremialismo en su reciente consejo general de buscar responsabilidades judiciales por el diseño e implementación del Transantiago. La idea del senador Jovino Novoa, de impulsar un desfile por tribunales de políticos concertacionistas vinculados con la reforma de transporte -estrategia que apunta a anular al ex Presidente Ricardo Lagos como carta a La Moneda en 2009-, fue considerada "poco oportuna" por el diputado y vicepresidente de Renovación, Cristián Monckeberg, que aseveró que en vez de profundizar la confrontación con el Ejecutivo, se debe privilegiar la búsqueda de soluciones.

"No me parece por el momento llegar a tribunales. Hay que esperar que el Gobierno haga efectivas las responsabilidades. El informe ni siquiera se aprueba todavía en sala y anunciar que se perseguirán culpas en tribunales puede enredar el tema", afirmó el parlamentario, que además es miembro de la comisión investigadora de la cámara baja que analizó el plan en 46 sesiones.

"Nos pasamos casi seis meses en la comisión investigadora y lo que corresponde ahora es hacer efectivas las responsabilidades políticas. La sanción ciudadana se está dando en las encuestas y espero que también se refleje en las encuestas. Lo que viene ahora es arreglar esto y no ahondar más en las diferencias cuando se hizo un trabajo profundo", destacó Monckeberg al afirmar que la prioridad, tras haber identificado a los personeros involucrados en el "desastre", es fiscalizar cómo se rediseñará el sistema.

Lo demás, sostuvo Monckeberg, es un camino incierto. "No sé si ir a tribunales significará algo, porque yo no veo responsabilidades penales. Ninguna. Y civiles, no lo sé Lo dudo mucho", concluyó.

INCOMODIDAD

En RN, explican fuentes partidarias, hay también incomodidad por el protagonismo que ha tenido en estos últimos días Novoa en el asunto, en especial porque su irrupción dejó en segundo plano el texto de minoría elaborado por la derecha en la instancia.

Sin embargo, y aunque no con la publicidad que le otorgó su anuncio de llevar a los implicados en el Transantiago a la justicia, Novoa siempre estuvo presente en la labor desarrollada por el comité investigador, dado que fue permanentemente consultado por diputados de su tienda -en RN se conversó con el senador Andrés Allamand- respecto de los pasos a seguir y es sabido que su mano estuvo detrás de la dureza demostrada por los parlamentarios gremialistas Patricio Melero, Gonzalo Uriarte y Claudia Nogueira.

De ahí que la ofensiva del representante por Santiago Poniente, que afirmó que "el que diseñó el Transantiago es un terrorista de las políticas públicas", consiguiera sin dificultades el respaldo partidario, sobre todo porque podría permitir, como admitió Novoa, que Lagos responda ante un juez. "A lo mejor lo citan a declarar por oficio (a Lagos), pero él tendría que declarar, a diferencia de lo que pasó en la comisión, lo que le pregunten, no lo que quiera, y sus palabras, y las de los ministros, las tendría que analizar un juez y no una mayoría de la Concertación", explicó el legislador a La Nación.

Ayer el ministro portavoz, Francisco Vidal, respondió que "hay un cierto forzamiento a judicializar el tema Transantiago. Ustedes saben que las comisiones investigadoras de la Cámara lo que buscan son responsabilidades políticas. Creo que esto va a abrir un debate que no le hace bien al país".

A su turno, el presidente del PPD, Sergio Bitar, agregó que "el ejercicio de la derecha de privilegiar el golpear a Lagos o destruir a la Concertación, en vez de arreglar el Transantiago, es una forma de hacer política negativa".

"DEBE RESPONDER"

En la UDI, aunque el equipo de abogados que analizará la materia aún no se reúne, la estrategia ya es considerada un éxito. El timonel gremialista, Hernán Larraín, afirmó al respecto que Lagos "debe responder donde sea" por la crisis. "Nosotros vamos a llevar el tema a tribunales y los responsables tendrán que pagar por sus actos en ese ámbito", advirtió ayer.

Respecto de los plazos, lo más probable es que cualquier intervención judicial se postergue hasta marzo, cuando el Gobierno envíe una ley especial para refinanciar Transantiago. En la UDI la intención es dar un portazo a cualquier acuerdo en este ámbito con el Ejecutivo y dejar en claro tras las vacaciones estivales que el tema no se cerrará con la prometida normalización del servicio de transporte, sino que las esquirlas de la crisis darán frutos para la derecha durante mucho tiempo, aunque para ello deban trasladar la discusión política al Poder Judicial. LN