La Operación Ángel de la Guarda, desde el inicio de la reforma procesal penal en Chile, fue el primer procedimiento masivo en contra del almacenamiento de pornografía infantil a partir de una investigación que tuvo su origen en territorio nacional.

A las 16 horas de hoy concluirá esa indagatoria cuando el Cuarto Tribunal Oral de Santiago dicte las penas que deberán cumplir los siete chilenos acusados y llevados a juicio por el fiscal de la Zona Centro Norte, Marco Mercado.

Las pesquisas de esta causa se dividieron en dos diligencias. La primera se realizó en marzo pasado y operó en 25 domicilios de la Región Metropolitana, donde se incautaron 150 mil imágenes y videos con material pornográfico que involucraba a menores de edad y catorce imputados.

La segunda diligencia se efectuó el 16 de abril en domicilios de todas las regiones del país y estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones a través de sus brigadas especializadas en el tema Cibercrimen, Interpol, la de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme), de Delitos Económicos (Bridec), contra el Crimen Organizado (Brico) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim).

Ocho meses después algunos de los inculpados zanjaron su situación penal en procedimientos abreviados y ocho siguieron el curso de un juicio oral.

Esto ocurrió, según el fiscal Mercado, porque Daniel Tapia Astorga, Jeremy Leiva Sepúlveda, Cristián Abuhadba San Martín, Alejandro Quiroz Escobar, Iván Fernández Molina, Pedro Contreras Valdés y Ferenc Tarnok Medina no aceptaron culpabilidad en los hechos imputados y algunos por el tipo de material que almacenaron.

Para cada uno de ellos se solicitó la pena de 800 días que se encuentra en el rango bajo el cual se penaliza estas conductas, que es entre 541 días y 3 años y un día. Los acusados gozan de irreprochable conducta anterior y no cuentan con denuncias por actos de connotación sexual realizada a niños, por lo que el tribual debería considerar esa atenuante.

Estadísticas

Según datos que maneja la policía y el Ministerio Público, siete chilenos al día revisan o bajan material pornográfico infantil en programas como Emule Plus, que sirvió como puente para llegar a las direcciones internas de los computadores que adquirían este tipo de material.

Ese fue uno de los valores agregados en esta indagatoria, ya que según el fiscal Mercado los otros operativos realizados en Chile son parte de cooperación internacional con policías extranjeras tras la pista a hombres con esas conductas.

En diciembre de 2006, tras detectar que diversos domicilios adquirían fotografías de tipo pornográfico que involucra a niños, se pidió permiso para comenzar con la Operación Ángel de la Guarda. Tras los allanamientos de marzo y abril pasado, los satisfactorios resultados dejaron esperanzado al ente persecutor para seguir con este tipo de procedimientos y así combatir en el territorio nacional el importante eslabón de consumidores que sostienen el negocio de la pornografía infantil a nivel internacional. LN