Hoy se llevarán a cabo en la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago los alegatos correspondientes a la solicitud para levantar el arraigo que pesa sobre los tres militares uruguayos procesados por asociación ilícita en el caso del crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos.

El general en retiro del Ejército uruguayo Tomás Casella y los coroneles en servicio activo Wellington Sarli y Eduardo Radaelli se encuentran en Chile desde abril de 2006 luego de que el gobierno de Tabaré Vásquez accediera a la extradición para que fueran juzgados por el ministro que instruye la causa, Alejandro Madrid.  

La parte querellante usará como argumento principal para evitar que los militares vuelvan a Uruguay el testimonio del teniente de Ejército (R) y ex agente de la CNI, Luis Arturo Sanhueza Ros -parte del proceso- y que hasta ahora no era de conocimiento público.  

Según la declaración de Sanhueza, la noche del 14 de noviembre de 1992, el mayor de Ejército Arturo Silva Valdés “El Peineta” (procesado como autor material del crimen de Berríos junto al también mayor retirado, Jorge Torres Gacitúa) llegó a la casa de Sarli, ubicada en Parque del Plata a pocos metros del chalet de Eduardo Radaelli, desde donde el químico de la DINA se escapó al día siguiente para dirigirse a la comisaría del balneario y denunciar que lo tenían secuestrado.  

Esa fue la última vez que el químico fue visto con vida. Posteriormente, en abril de 1995, sus restos óseos aparecieron en la playa El Pinar, ubicada a poca distancia de Montevideo con varios balazos en la cabeza. Sin embargo, se estima que habría sido asesinado entre enero y abril de 1993.  

Tanto Sanhueza como Eugenio Berríos habían salido del país en una operación efectuada por la DINE conocida como “control de bajas”. En ella, el Ejército trasladó a Argentina y Uruguay, con la colaboración de los secretos de inteligencia de esos países, a agentes chilenos que manejaban información trascendental en causas de lesa humanidad y que podían afectar la institucionalidad castrense: mientras el químico de la DINA había sido requerido a declarar, y posteriormente el ministro Adolfo Bañados extendió una orden de detención en su contra -en el marco de la investigación por la muerte del canciller Orlando Letelier-, algo similar ocurría con Sanhueza, implicado en los crímenes de Jecar Neghme y Operación Albania.  

Según consta en el proceso del caso Berríos, Sanhueza se encontraba en la casa de Sarli debido a que era uno de los agentes uruguayos que lo cuidaba en Uruguay. El oficial uruguayo lo habría invitado, junto a su mujer, a su casa en la playa luego de enterarse que el padre del ex agente CNI había muerto recientemente.  

El testimonio de Sanhueza agrega que al día siguiente de la visita de Silva Valdés a la casa de Sarli -el 15 de noviembre de 1992- fue a la iglesia. Al regresar, se encontró con que la residencia estaba llena de militares. Del lado chileno,  Valdés y Torres Gacitúa se lamentaban amargamente. Sarli y Radaelli hacían lo mismo.  

De acuerdo a su declaración, Sanhueza asegura que en ese momento no tenía idea del motivo del evidente pesar de los efectivos. Recién en 1993, cuando estalló el escándalo por el secuestro de Berríos, el ex CNI asoció los hechos y llegó a la conclusión de que  la razón del desconsuelo de los militares se debía a que pocos minutos antes el químico se les había escapado.

 Sin embargo, hasta ahora la estrategia de los militares uruguayos ha sido negar la versión judicial de Sanhueza, apoyada por el testimonio de su esposa. Durante este año, incluso fueron careados. Según Sarli, la visita del matrimonio chileno a su casa nunca se materializó y Radaelli niega haber estado en ese lugar. Lo mismo declararon los militares chilenos nombrados en el testimonio del ex agente CNI. Lo particular es que, según los testimonios del proceso que se siguió en Uruguay, originalmente un militar de ese país junto a dos civiles de nacionalidad chilena fueron a reclamar la entrega de Berríos.  

La investigación sumaria del caso se encuentra próxima a terminar, para entrar al plenario y luego dictar las sentencias correspondientes. Además de los uruguayos, están procesados como presuntos autores materiales del secuestro y homicidio los mayores en retiro Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa. Por obstrucción a la justicia y asociación ilícita, están encausados los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).  LN.