En grave estado de salud fue internada esta mañana en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) del Hospital de Angol (IX Región) la activista de la causa mapuche Patricia Troncoso, quien completó 74 días en huelga de hambre. Un destino similar tendría, en las próximas horas, el comunero mapuche Héctor Llaitul, quien al igual que Troncoso también conocida como La Chepa- se mantienen en ayuno desde el 10 de octubre.

Según informaron a La Nación familiares de los "presos políticos mapuches" del penal de Angol, durante las primeras horas de hoy un equipo médico examinó tanto a Llaitul como a Troncoso y, a pesar de la negativa de éstos, ordenó su traslado inmediato al centro asistencial de la provincia, debido al deteriorado estado de salud de ambos, quienes han perdido cerca de 25 kilos de pesos.

La semana pasada otros tres comuneros mapuches José Huenchunao, Jaime Marileo y Juan Millalen-, tras 67 días de ayuno, optaron por abandonar la movilización, al aceptar la mediación del obispo de Temuco, Camilo Vial, para la instalación de una mesa de negociaciones con el Gobierno, en busca de respuestas a los tres puntos de su petitorio: libertad a los presos políticos mapuches, desmilitarización de la zona en conflicto y fin a los allanamientos policiales.

Para Patricia Troncoso winka aceptada como mapuche según las creencias de ese pueblo originario- y Héctor Llaitul (importante líder de la Coordinadora Arauco Malleco) para terminar la huelga era necesario el compromiso de que no se aplique la Ley Antiterrorista al caso Poluco Pidenco, por el cual hoy se encuentran encarcelados.

El caso Poluco Pidenco fue un incendio a bosques de la forestal Mininco, ocurrido en diciembre de 2001, por el cual -a pesar de que no hubo víctimas fatales- a sus supuestos autores se les juzgó con "testigos sin rostros" y se les aplicó la Ley Antiterrorista creada durante la dictadura militar-, lo que elevó gravemente las condenas en relación a lo que les habría correspondido de ser procesados como delitos comunes. Situación condenada ya en dos oportunidades por los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, quienes han pedido la derogación de la Ley Antiterrorista y la revisión de los procesos realizados bajo esa norma.