A toda máquina trabajó la semana previa a Navidad el Consejo Asesor de Educación Superior con el objetivo de avanzar en las propuestas que debía entregar hace ya dos meses a la Presidenta de la República y que ahora evacuará a fines de enero.

Bajo la dirección de su presidente, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, la entidad creada en abril de este año por Michelle Bachelet aceleró su trabajo para afinar el borrador con los informes sobre marco institucional, financiamiento estudiantil, financiamiento a las instituciones, innovación, tecnología, posgrado e investigación. Un hecho gatillado -entre otras cosas- por el retiro del Consejo de la FECH (en la quincena de diciembre) y sus críticas al funcionamiento de la instancia.

Sin duda, uno de los borradores más debatidos es el que establece recomendaciones para mejorar el financiamiento de la educación superior chilena. La Nación tuvo acceso al último texto sobre la materia (tercera versión desde que se inició el consejo) que se estructuró a partir de cuatro informes aportados por integrantes del consejo y que incluye un diagnóstico de la situación y las correspondientes propuestas.

En éste se plantea, entre otras cosas, poner fin al Aporte Fiscal Indirecto (AFI) -o al menos modificarlo sustancialmente-; establecer regulaciones al Aporte Fiscal Directo, con incentivos por desempeño; crear fondos competitivos que fomenten la calidad y la equidad y corregir las distorsiones y compensaciones derivadas de restricciones a la gestión de universidades estatales, entre otras.

FIN AL AFI

Según el informe de financiamiento, en 2006, el gasto total en educación superior alcanzó al 2,1% del PGB, mientras que el gasto público en este ítem fue de sólo un 0,3%, uno de los más bajos en el mundo (el promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fue de 1,1%). En tanto el mayor crecimiento del presupuesto en los últimos cinco años se debió al aumento de créditos y becas de arancel, junto a nuevos instrumentos de financiamiento como los convenios de desempeño.

En ese sentido el texto plantea que ya que el producto derivado de la educación superior se traduce, generalmente, en un bien para la sociedad (contar con más profesionales, en concreto), se justifica el aporte fiscal no sólo a las entidades que imparten este nivel en calidad pública, sino también a las privadas.

Por lo mismo, la mayoría de los consejeros que participó del grupo que discutió el tema del financiamiento apoya eliminar el cuestionado Aporte Fiscal Indirecto (AFI), un fondo público concursable que el Estado entrega a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnico, cuyo criterio de distribución es la matrícula de los alumnos de primer año con los mejores 27.500 puntajes en la Prueba de Selección Universitaria.

El tema es que la mayoría de esos puntajes se concentran en dos casas de estudio: la U. de Chile y la Católica, dejando fuera de carrera a la mayoría de las privadas que se quejan de no poder competir -pese a su calidad- con el peso "de tales marcas".

Por eso los votos suman para eliminar este fondo o en su defecto modificarlo, introduciéndole cambios en dos direcciones: respetando el principio de que todas las instituciones puedan acceder a él y que compitan bajo un mismo criterio objetivo de evaluación.

Otros, en tanto, preteden derogarlo para crear un nuevo instrumento de subsidio a la oferta que incentive a las instituciones (públicas o privadas) a captar alumnos talentosos y de escasos recursos (ver recuadros).

A su vez, los consejeros postulan regular el actual Aporte Fiscal Directo, con rendición de cuenta pública e incentivos por desempeño. En rigor, se pretende que el Estado explicite tanto el aporte público como la aspiración que tiene de esas universidades "a las cuales ha reconocido su capacidad de generación de bienes públicos". Que les diga qué metas espera se cumplan con su inversión.

Para equiparar, en el caso de las Ues tradicionales, se propone la corrección de distorsiones y compensaciones derivadas de restricciones a su gestión.

BECAS Y CRÉDITOS PARA LAS UES DE CALIDAD

Respecto de las universidades privadas, el documento reconoce que ellas obtienen sus recursos en la actualidad de los aranceles, del aporte fiscal indirecto y, en algunos casos, de la inversión privada. "Lo que supone la existencia de variados mecanismos de propiedad y control vinculados a las inversiones realizadas, que en los hechos transforman a algunas de esas instituciones en entidades con fines de lucro".

Un tema que se constata en el texto, pero sobre el cual no hay otro tipo de pronunciamiento o cuestionamiento (excepto la crítica expresada sobre la materia por la FECH, antes de retirarse de esta instancia con el fin de no validar sus conclusiones).

Sin embargo, el documento habla de los nudos críticos del sistema actual, donde se menciona en primer lugar la "equidad y calidad", recalcando que "la educación superior está llamada a brindar oportunidades considerando el talento y el mérito de los individuos, sin importar el origen social de los mismos".

Asimismo, sostiene que "el financiamiento público que opera exclusivamente por el lado de la demanda puede resolver los problemas de acceso a la educación (...), pero no necesariamente resuelve las debilidades de calidad".

En tal sentido propone la asignación de becas y créditos para estudiantes de establecimientos que aseguren calidad y transparencia.