En Argentina suele hablarse de los desaparecidos durante la aciaga era de la dictadura militar (1976-1983). Pero desde el fin de los gobiernos con uniforme y el advenimiento de la democracia, el inquietante fenómeno de las desapariciones no ha acabado. Esto, porque cientos de personas se han “esfumado”, sin que hasta ahora se tengan pistas sobre su paradero.

De estos “otros” desaparecidos suele culparse a las fuerzas policiales, que por lo general niegan su responsabilidad. Uno de los casos más resonantes es el de Iván Torres, de quien no se sabe nada hace cuatro años. Este joven, que por entonces tenía 24 y trabajaba ayudando a niños de la calle, desapareció a fines de 2003 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia sureña de Chubut.  

Su madre, María Millacura, denunció que fue detenido y torturado por la policía, simplemente por defender a los pequeños sin hogar del supuesto maltrato de los efectivos.  

“Él era muy solidario con los huérfanos de la calle. La policía acostumbra a maltratar a esos chicos e Iván los defendía. De ahí fue arrestado, brutalmente golpeado y desde ese entonces no lo he vuelto a ver más”, contó Millacura.  

Sin embargo, la policía de Chubut ha negado todas las acusaciones en su contra. Ninguno de sus agentes ha sido procesado ni encarcelado por la desaparición de Iván. Los testigos de la causa no han tenido la misma suerte: cuatro personas que dijeron ver a las fuerzas policiales maltratando al joven fueron asesinadas o fallecieron en circunstancias aún no esclarecidas.  

Daiana Luvoth, abogada del Programa Nacional Anti-impunidad para las víctimas de la policía, que depende del Gobierno argentino, dijo que “hay pruebas de que murieron en circunstancias confusas”.  

TIEMPOS SOMBRÍOS  

Si bien las estadísticas oficiales indican que 10.000 personas desaparecieron o fueron asesinadas durante el Gobierno militar en Argentina, grupos de derechos humanos elevan esta cifra en 30.000. Y casos como el de Iván Torres parecen traer del pasado aquellos tiempos sombríos.  

El de Iván no es el único nombre que resuena en la lista de cientos de desaparecidos presuntamente atribuidos a las fuerzas de seguridad desde el retorno de la democracia. En ella también figura Jorge Julio López, un testigo clave en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad tras la anulación de las leyes del perdón.  

La madre de Iván dice que la justicia argentina ha tardado mucho en reaccionar. “El expediente de la causa tiene más de veinte cuerpos, miles de hojas, pero hasta hoy nadie ha sido condenado, ni nadie busca a mi hijo”, señala.  

Consultada por el caso, la jueza que instruye la causa, Eva Parcio, prefirió no dar declaraciones sobre la marcha del proceso.  

La causa ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha exigido al Gobierno argentino proteger a una decena de testigos.  

“IGNORANCIA”  

El Programa Nacional Anti-Impunidad trabaja en éste y otros casos de desparecidos en tiempos de democracia. Según Raquel Witis, uno de los referentes de ese organismo, a menudo la “ignorancia” hace que la justicia no investigue adecuadamente.  

“Falta formación en los actores judiciales, que no saben qué tipo de pericias deben realizar, y estas falencias no llevan las causas a buen puerto”, aseguró.  

Witis recomienda tomar medidas específicas cuando se denuncian desapariciones como la de Iván Torres. “Lo que planteamos son protocolos de investigación. Si hay una seria sospecha de connivencia policial, debe apartarse a las fuerzas locales y llamar a otras para que investiguen. Esto daría más transparencia a las indagaciones”, dijo.  

Mientras tanto, el Gobierno argentino ha ofrecido una recompensa de más de 30.000 dólares para quienes aporten datos sobre el paradero de Iván.  

Su madre aún tiene esperanzas de hallarlo con vida. “Lo único que les pido a Dios y a las autoridades nacionales y provinciales es que hagan lo posible para encontrar a mi hijo y me lo devuelvan. Sólo ellos lo pueden hacer”, dice.