El renunciado defensor penal público, Eduardo Sepúlveda, aclaró que la petición de renuncia a su cargo esbozada por el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, obedece a una nueva etapa del organismo y no a situaciones de irregularidad que se habrían detectado.

Por medio de una declaración, el abogado señaló que con fecha 24 de diciembre de 2007 el secretario de Estado "me solicitó que lo dejara en libertad de acción aduciendo la necesidad de iniciar una nueva etapa en el sector justicia. Ante esta solicitud, señalé que haría efectiva mi renuncia al regreso de mi feriado legal, de acuerdo a los derechos funcionarios del personal del Estado".

Agregó que esta situación dio paso a que "algunos medios de comunicación informaron que una fuente no identificada habría señalado que una auditoria realizada a nuestra institución, producto de una denuncia hecha por dos empresas de abogados que prestan servicios de defensa penal pública en la Región Metropolitana Norte, habría encontrado debilidades administrativas en el proceso de licitación. Esta versión intentó relacionar la solicitud de renuncia señalada con los resultados de la auditoria".

Respecto de ello, Sepúlveda precisó que la inspección "en ningún caso concluyó situaciones irregulares, anómalas o ilegales" ya que subrayó- la Defensoría Penal Pública ha realizado desde el año 2003 ocho llamados a licitaciones públicas para contratar servicios profesionales de defensa penal pública por plazos de 3 años.

"La auditoria señalada realizó algunas recomendaciones de carácter administrativo en orden a optimizar los procesos de licitación y de asignación de causas, lo que implica ciertas modificaciones a las Bases Generales de Licitación, que son susceptibles de implementar sin mayores inconvenientes", recalcó.

Por las razones esgrimidas, Eduardo Sepúlveda expresó que "lamento profundamente que se haya intentado manchar mi prestigio profesional y el prestigio de la Defensoría Penal Pública, institución que ha sido ejemplar en la implementación de la nueva reforma procesal penal".

"La Defensoría Penal Publica ha sido reconocida por la excelencia de su gestión al interior del Gobierno. En el año 2007 nos fue entregado el reconocimiento a la excelencia en la gestión por el logro del 100% de los programas de mejoramiento de la gestión en el año 2006 y  el Ministerio Secretaría General de la Presidencia nos reconoció por la transparencia en nuestro actuar en el sistema de reclamos y sugerencias", concluyó.