Desde el retorno a la democracia en los años noventa, paulatinamente y en forma sostenida la representación política ha ido perdiendo legitimidad entre la ciudadanía, dando origen a lo que denominamos una crisis en nuestro sistema democrático. Esta crisis se refleja en la desafección que las personas manifiestan respecto del sistema democrático y la vida política a través de encuestas y estudios de opinión, que indican que los niveles de indiferencia entre la población han aumentado, ya que consideran que el retorno a la democracia no ha significado un mejor nivel y calidad de vida.

Se suman a este fenómeno la desesperanza y lejanía que las personas dicen sentir de las autoridades y de quienes ocupan cargos de representación popular. Las personas ya no se sienten más representadas por los actores mencionados, especialmente los jóvenes, quienes suelen opinar que los políticos "no andan en micro", y, por lo tanto, que conocen escasamente la realidad de la mayoría de las y los chilenos.

Esto ha ido produciendo una gran falta de "sintonía" entre el mundo político y técnico y las personas al momento de decidir sobre temas que nos afectan a todos y todas y que se traducen en marcos normativos, reglamentarios, políticas públicas, programas y proyectos, entre otros.

Frente a esta realidad y percepción de los mecanismos de representación, no podemos hablar de una democracia sólida y valorada por las personas.

Cuando se debate sobre las diferentes alternativas para abordar esta crisis suelen aparecer generalmente dos posibilidades. Por un lado, fortalecer el sistema de partidos, los cuales son sin duda fundamentales en un sistema democrático, ya que constituyen la vía legítima para acceder al poder, y, en segundo lugar, varios planteamos la importancia de abrir y establecer procesos formales e institucionalizados de participación ciudadana en la gestión pública.

Esto quiere decir lograr que las personas interesadas en participar en procesos de toma de decisiones, en especial aquellas que suelen ser excluidas del sistema por diversos motivos, tengan la posibilidad efectiva de hacerlo y, por lo tanto, de influir en las decisiones. La participación tiene que ver con acceder a una cuota de poder.

Vista así, la participación ciudadana es de toda importancia, ya que permite acercar el Estado a través de sus diferentes niveles nacional, regional y local a la ciudadanía y de esta forma lograr que las decisiones gocen de mayores niveles de legitimidad y el sistema político institucional mayores niveles de gobernabilidad, logrando una mayor sintonía con las personas, sus necesidades e intereses. Esto debe traducirse en que las políticas públicas logren captar e incluir lo que las personas efectivamente desean respecto de una materia determinada.

Somos muchos y muchas los que opinamos que la participación fortalece la democracia, ya que aporta mayor transparencia y legitimidad a los procesos de toma de decisiones, donde las decisiones recogen ideas, aportes y críticas de las personas directamente interesadas y afectadas por el tema en cuestión y que este elemento, por un lado, mejora la decisión en cuestión y, por otro lado, da mayor gobernabilidad al sistema, ya que existirían canales de expresión y espacios de negociación de los conflictos que se presenten desde los diferentes actores sociales y políticos.

Para que esto ocurra, sin embargo, para que las personas puedan opinar más y ser mejor tenidas en cuenta, es necesario que el poder se ponga a disposición sobre la mesa, lo que requiere un cambio político y cultural que permanece como desafío para el Chile de hoy. LND