Una demanda indemnizatoria por aproximadamente 2.000 millones de pesos presentó la Municipalidad de Concepción, en compañía de vecinos del sector Andalién, en contra del Estado chileno por las inundaciones sufridas en la zona durante 2005.

Los afectados reclaman que pese a los compromisos contraídos, el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), aún no habría cumplido con la realización del estudio sobre las aguas del río Andalién, ni con los trabajos de mitigación del mismo cauce, lo que podría derivar en nuevas inundaciones el presente año.

Jaime Pedreros Lagos, presidente de la junta de vecinos de Valle Nonguén, dijo que "la demanda va porque la gente esta preocupada ante futuras inundaciones, hay daños sicológicos, fuera de eso están estresadas, cuando llueve están preocupadas de subir las camas, es bien caótico, la gente hoy por hoy esta con miedo, viven con miedo en sus casas por las inundaciones"

En tanto la alcaldesa penquista, Jacqueline van Rysselberghe manifestó que la acción interpuesta en la Corte de Apelaciones de Concepción representa a cerca de 700 familias que se han agrupado para lograr una solución definitiva al problema que los aqueja.

"Esta es una demanda por falta de servicio en contra del fisco de Chile, lo cierto es que nosotros hemos tenido inundaciones el 2005 y el 2006, después del 2006 se hicieron recién las obras de mantención que habían solicitado a gritos no sólo el municipio sino que los vecinos y hasta el minuto no hay fechas claras de inicio de las obras definitivas. Para evitar que esto se vuelve a repetir, de manera de que lo que nosotros estamos haciendo es demandar por daño moral al fisco", explicó.

Agregó que "estamos hablando de un monto de 20 a 30 millones por familia, nos parece un monto súper razonable, porque lo más importante y lo que a nosotros nos interesa es que se inicie ya, no puede pasar el segundo semestre sin que se inicien las obras para evitar que nuevamente tengamos un número importante de familias afectadas"

En ese sentido, la edil dijo que no sólo se trató de un daño psicológico, sino que además se devaluaron las propiedades, "daños físicos a la propiedad que es difícil de comprobar, por lo tanto optamos por la indemnización de daño moral".