Chile quiere entrar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pero tiene una gran piedra en el zapato: el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado. Aunque la tendencia es a criminalizar a los indígenas, los organismos internacionales han sido enfáticos al afirmar que el Estado chileno es el que comete los atropellos a los derechos de los pueblos originarios.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su último informe de 2006, expresa su preocupación por la Ley Antiterrorista, que "ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras".

De hecho, se ha condenado a más de 50 personas por esta ley, incluso con penas de diez años y un día, por quema de pastos o amenazas de incendio. "Frente a estos hechos de fuerza, que en su gran mayoría han sido en contra de los bienes, como maquinarias y predios, ha operado esta política de criminalización, que se manifiesta en la persecución judicial en la legislación antiterrorista, en la violencia del Estado o en la imputación de hechos delictivos comunes a integrantes de comunidades, que es la opción que ha asumido el Gobierno actual", explica José Aylwin, codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

La ONU también dice que las demandas del pueblo mapuche no han sido atendidas y que lamenta que las tierras ancestrales continúen en peligro por la expansión forestal, entre otras cosas. El organismo internacional le dio plazo al Gobierno hasta marzo de este año para responder frente al conflicto de las tierras y dar solución a las demandas mapuches.

UN POLÉMICO ACUERDO

De la misma manera, el Comité de Derechos del Niño de la ONU, en 2007; Human Rights Watch, en 2004; la Federación Internacional de Derechos Humanos, en 2006; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2004; Amnistía Internacional; la Cruz Roja y el relator especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, en 2003, también han manifestado las falencias de Chile en el ámbito de los derechos humanos.

"Hay varios casos de violación de derechos humanos a mapuches frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: una denuncia del Consejo de Todas las Tierras por la detención y persecución policial de 144 mapuches el año 1992, también por asociación ilícita y casos de aplicación de la Ley Antiterrorista en los que se alega la violación del derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso", explica José Aylwin. Dentro de los últimos están los casos de Patricia Troncoso, la comunera que está en huelga de hambre en Angol, y Héctor Llaitul, que el 30 de diciembre abandonó la huelga.

No es todo. En el Congreso está dormido el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y recién se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores una declaración interpretativa del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Mientras el Senado lo calificaba de histórico y prácticamente celebraba, las agrupaciones mapuches y de trabajadores lo rechazaron completamente, ya que con la declaración se le pone un candado al acuerdo porque no permite que sea interpretado a la luz de otros tratados, como la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU, que reconoce el derecho de autodeterminación y la propiedad de tierras ancestrales, entre otros. "

Nosotros nos estamos movilizando porque vaciaron al convenio de sus contenidos fundamentales. Si lo ratifican así, yo aseguro que la conflictividad va a aumentar ciento por ciento en la zona", advierte Aucán Huilcamán. De todas formas, lo más probable es que, en caso de que el Senado apruebe el convenio como quedó, la OIT rechace la declaración interpretativa, como ya lo hizo con Dinamarca y Nicaragua.