Un nuevo capítulo en la tensa relación ruso-británica se produjo ayer, luego que el Reino Unido insistiera en abrir las oficinas regionales del British Council -organismo que promueve la cultura anglosajona en el exterior- en Rusia. Esto pese a la advertencia del Gobierno de Vladimir Putin que alega que la entidad realiza sus actividades de manera ilegal.

La Cancillería rusa estimó como una "provocación premeditada" la reapertura de las filiales del British Council en San Petersburgo (noroeste) y Ekaterimburgo (centro), luego de que exigiera suspender su funcionamiento desde el 1 de enero de 2008. A través de un comunicado, Rusia advierte que se verá obligada a tomar "una serie de medidas administrativas y jurídicas", entre las que se mencionan "la recaudación de la deuda tributaria del British Council y la negativa a prorrogar y conceder visas a los nuevos colaboradores de los consulados generales".

Al respecto, el Primer Ministro británico Gordon Brown calificó de "inaceptable" la postura rusa, mientras que Anthony Brenton, embajador en el país -que ayer fue citado al Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú-, señaló a la salida de la reunión que el organismo "continuará sus labores en Rusia y que su cierre sería ilegal".

El diplomático agregó que "el ministro de Exterior ruso, Serguei Lavrov, expresó una posición clara según la cual la reacción de Rusia al British Council obedece a los desacuerdos que hubo en las relaciones ruso-británicas en los tiempos del asesinato de Litvinenko".

En respuesta, un portavoz de la Cancillería rusa indicó que "toda la culpa por esta situación recae en la parte británica", resaltando que no se ha vinculado este hecho con "otro asunto de las relaciones bilaterales".

El caso Litvinenko

La referencia hecha por Brenton obedece al homicidio del ex agente de la KGB, Alexander Litvinenko, acontecido en Londres a fines del 2006. El ex espía fue envenenado con plutonio colocado en una taza de té, tras escapar de su país natal por revelar oscuros detalles del Gobierno de Putin.

La investigación sindicó como principal sospechoso del crimen al también ex agente del KGB y empresario, Andrei Lugovoi, a quien Rusia se niega a extraditar, lo que ha provocado una serie de altercados en las relaciones bilaterales de ambos países.

En julio del 2007, Reino Unido decidió expulsar a cuatro diplomáticos rusos, una decisión secundada por Moscú, que suspendió una cooperación en la lucha antiterrorista.

El último desacuerdo se vivió hace un mes, ante la negativa del Kremlin de trasladar unas obras de arte a Londres, por considerar que se podrían retener con "artimañas legales", lo que debió solucionarse con una legislación especial del Parlamento británico para garantizar que las obras volverían a su país de origen.

Moscú alega que tiene todo el derecho a proteger a sus ciudadanos justificando su rechazo a la extradición. En tanto, Lugovoi cuenta en la actualidad con fuero parlamentario luego de haber ganado un puesto en la Duma (cámara baja rusa) tras la elecciones legislativas del 2 de diciembre.