El presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, se comprometió con familiares de detenidos desaparecidos a pedir que la Comisión de Etica de ese tribunal investigue la participación del ministro de la Sala Penal de esa corte, Rubén Ballesteros, en los consejos de guerra realizados en Osorno tras el golpe militar de 1973.
En el mismo sentido, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, quien participó en la audiencia con Marín, anunció que la AFDD "ampliará en contra de Ballesteros la querella que presentamos en España en contra de miembros de la junta militar y algunos de los ministros de Pinochet, que instruye el juez Baltasar Garzón".
La dirigenta manifestó que "de esta manera, también deberá expedirse por España una orden de captura internacional en contra del señor Ballesteros, porque consideramos que él se ha convertido en cómplice de estos delitos de lesa humanidad".
Ballesteros presidió en calidad de "auditor" varios consejos de guerra en Osorno en contra de prisioneros, cuando era juez del crimen de esa ciudad.
Además, Inés Barría, participante en la reunión con Marín junto a su abogado Hugo Gutiérrez y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Aguiló, le manifestó al presidente de la corte que Ballesteros redactó la sentencia por la cual el pasado 27 de diciembre esa Sala Penal absolvió a cinco oficiales y suboficiales (R) de Carabineros, del secuestro y desaparición de sus hermanos Guido y Héctor Barría Bassay en Río Negro, X Región.
Los asistentes dijeron a Marín que uno de los cinco absueltos de las penas de diez años a los que estaban condenados, fue el actual coronel (R) de Carabineros Hans Schernberger, quien integró los mismos consejos de guerra en Osorno con Ballesteros.
"Eso es una inmoralidad, y el juez Ballesteros no puede seguir en la Sala Penal porque está inhabilitado moral y éticamente", dijeron los asistentes tras el fin del encuentro.
Casi siempre el ministro Ballesteros falla a favor de militares que violaron los derechos humanos y rechaza la legislación penal internacional que persigue los delitos de lesa humanidad.
