Durante el 2007 los tribunales de familia no estuvieron exentos de críticas por el tema de violencia intrafamiliar (VIF) y las medidas de protección dictadas por los juzgados especializados en la materia.

El caso de Catherine Casas, una mujer que fue degollada por su esposo y que estaba en la espera de una audiencia en un tribunal para resguardarse legalmente del maltrato que éste le propinaba, dejó al descubierto la demora del sistema y el no cumplimiento de los plazos establecidos por ley para revisar estas causas.

Tras esto, la Corte Suprema creó el Centro de Medidas Cautelares, entidad que funciona desde el 1 de noviembre del año pasado y que según relata la ministra Margarita Herreros ha funcionado con gran eficacia atendiendo a la fecha a 5 mil 400 personas con un ingreso de causas que sobrepasa las 4 mil.

De éstas, la magistrada destaca que 2 mil 895 corresponden a VIF (68% del total de ingresos) y en 997 causas (26%) se ha dictado una medida de protección inmediata, con lo cual se busca resguardar de inmediato a aquel integrante del grupo familia que ha sido agredido.

Respecto a la golpiza que propinó un padre a su hijo de tan sólo 25 días, la jueza declina referirse en extenso, ya que dice no conocer los antecedentes.

Sin embargo aclara que no existió una denuncia que llegara al Centro de Medidas Cautelares, pero que de haber sido así se habría puesto de inmediato en conocimiento al Ministerio Público.

Respecto a este sujeto quien ya poseía una condena anterior (remitida) por haber golpeado a su otro hijo, al consultarle a la ministra si los tribunales pueden resguardar que durante el cumplimiento de esta condena el hombre no vuelva a cometer una agresión de este tipo señaló que "ojalá existiera una institución que realizara seguimientos, pero no lo hay".