Miguel es gallego y vive y trabaja en Bruselas. Cuando, en noviembre de 2002, se enteró que un navío petrolero, el Prestige, estaba arrojando miles de toneladas de petróleo sobre las costas de su tierra, Miguel se puso en campaña para viajar a Galicia y dar una mano en la limpieza de las playas. Con una veintena de voluntarios, españoles y belgas, arrendaron un autobús y, armados de palas y sacos, se sumaron al esfuerzo colectivo por aminorar los efectos de la catástrofe que representan 77 mil toneladas de crudo vertidas sobre la mar y las costas.

Miguel y los voluntarios trabajaron sin descanso y durmieron en gimnasios durante un par de semanas. De regreso a Bruselas, un par de preguntas les rondaban: Cómo es posible que estos desastres sigan produciéndose regularmente sin que nadie parezca hacer nada por impedirlos. Y por qué los platos rotos (la fauna exterminada, la pesca perdida, el paisaje dañado, el turismo decaído) tienen que pagarlos los lugareños. Decidieron entonces interesarse por el funcionamiento del transporte petrolero y la legislación que lo rige, movidos por la voluntad que dio nombre a una plataforma de acción ciudadana: Nunca más. Cambiaron las palas y los sacos por los códigos y los reglamentos y su objetivo ha sido desde entonces presionar a las autoridades para que cambien las reglas opacas que amparan y dan impunidad a los causantes de las mareas negras.

Por eso el fallo que la justicia francesa dictó la semana pasada condenando a una compañía petrolera, Total en este caso, y al conjunto de los operadores involucrados, a indemnizar a las víctimas del naufragio del petrolero Erika en las costas de Bretaña, en Francia, en 1999, fue un gran día para Miguel y para mucha gente que comparte su causa. Por primera vez la justicia de un país establece expresamente la noción de daño ambiental y apunta a la responsabilidad del conjunto de los operadores envueltos en el naufragio: la compañía petrolera Total, que alquiló el barco, el propietario del navío y la empresa que extendió el certificado de navegación, ocultando o aminorando los fallos ostensibles de esas gigantescas tinas agujereadas que fueron el Erika, el Prestige, el Exxon Valdez y tantos otros barcos petroleros cuyos naufragios han emponzoñado mares y costas.

El fallo será apelado por los abogados de Total. La tacañería de las compañías petroleras es proverbial y probablemente proporcional a su capacidad para acumular ganancias corrompiendo gobernantes, como en Birmania y Nigeria, y dañando irremediablemente la vida de los lugareños y el medio ambiente, como en la Amazonia ecuatoriana y en el golfo de Guinea. Pero, de ser confirmado, el fallo francés puede representar una jurisprudencia de alcance mayor. Hasta ahora, el principio según el cual el que contamina paga estaba solamente aceptado en la teoría. En los hechos, los piratas de los mares se refugiaban en los intersticios de una legislación permisiva, tallada a la medida de los intereses de unos poderosos agentes económicos, lo que les permitía diluir sus responsabilidades y escapar a las consecuencias de sus actos.

¡Total para qué!, dirá el escéptico de turno. Los naufragios en los mares son viejos como el mundo y no hay fallo judicial que pueda impedirlos. Las mareas negras son un precio que hay que pagar para que el petróleo siga haciendo andar los motores. Está probado, sin embargo, que la mayoría de las mareas negras son evitables activando los controles existentes. Y exigiendo responsabilidades a sus responsables. El reciente fallo contra Total va en esa dirección. Con una pequeña participación de Miguel, el voluntario gallego, la justicia ha dado por fin un gran paso.