La lucha contra la infiltración de las mafias mexicanas en las Fuerzas Armadas y policiales se ha redoblado en los últimos meses con operativos especiales de control e investigaciones oficiales que dan cuenta de cifras alarmantes.

Ordenado directamente por las autoridades nacionales, diversos cuarteles policiales de ciudades fronterizas con Estados Unidos han sido sitiados en los últimos días por el Ejército para inspeccionar las armas de los agentes, a fin de determinar si éstas estaban relacionadas con hechos criminales y verificar si los policías utilizan las que les fueron asignadas.

Estas inusuales maniobras se suman a los informes entregados esta semana por el subsecretario de Defensa, Tomás Ángeles, quien afirmó que "en los últimos siete años han desertado poco más de 100.000 militares" a la vez que reconoció que el crimen organizado sigue reclutando a ex militares.

La lucha contra el narcotráfico -y la corrupción policíaca que la avala-, es la principal preocupación de Calderón, dado que sólo en 2007, 2.500 personas fueron ejecutadas por los distintos carteles que han logrado controlar bastos territorios en todo el país, especialmente en las cercanías de la frontera con Estados Unidos ayudados, en muchos casos por policías y militares, incluso en servicio activo.

El Mandatario pretende terminar con las organizaciones criminales que, "en su desesperación por mantener ( ) márgenes de libertad han puesto una estrategia que busca generar una red de protección política y policíaca en los niveles de seguridad", señaló ya en noviembre.

CUARTELES SITIADOS

El operativo del martes en los cuarteles policiales buscaba justamente determinar el grado de intervención que tienen las mafias mexicanas en la policía federal y regional. En el edificio de Seguridad Pública de Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con Texas, EEUU, los militares revisaron las armas largas R-15 y seleccionaron 35 para trasladarlas a un cuartel castrense para ser revisadas minuciosamente.

Cuatro agentes quedaron detenidos, siendo trasladados a Ciudad de México, a presunción de ofrecer apoyo y tener vínculos con la delincuencia organizada, informó ayer La Crónica de Hoy.

El periódico indicó que en otras ciudades del norteño estado de Tamaulipas, se realizaron operativos similares. En Matamoros se confirmó la inmovilización de 600 elementos de la policía municipal, mientras que en Reynosa las instalaciones de Seguridad Pública y sus delegaciones se mantuvieron el martes prácticamente cerradas. De igual forma el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Río Bravo se encontraba sitiado y todo el personal de ambos turnos era interrogado por las fuerzas federales.

La incautación de 34,5 toneladas de cocaína y la extradición de algunos jefes operativos en 2007, sumado a la detención realizada el lunes de Alfredo Beltrán Leyva, alias "El Mochono", uno de los cabecillas del poderoso cartel de Sinaoa (noreste del país), le han dado buenos niveles de aceptación en la opinión pública al Gobierno y los aplausos de Estados Unidos, los que se traducirán en una ayuda de 1.500 millones de dólares por los próximos tres años para capacitación y equipamiento de los agentes mexicanos.

DESERTORES

Mientras, las investigaciones dan cuenta de una realidad preocupante. De los 100.000 militares que han desertado en los últimos siete años, 17.885 lo hicieron el año pasado, un buen número de ellos tentados por el crimen organizado, según explicó el subsecretario Ángeles.

Aunque en un principio negó que las organizaciones criminales sigan reclutando personal militar en activo, posteriormente se contradijo al matizar que los "desertores del Ejército" sí se siguen enrolando en grupos delictivos. "No solamente son desertores del Ejército y Fuerza Aérea, sino de corporaciones policíacas, de la Secretaría de Marina y de otras instituciones federales", agregó.