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Viernes 25 de enero de 2008 _NOM_SECCION1
Por Juan Guzmán Tapia, ex juez y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central

TRIBUNA

Conflicto mapuche: el silencio de los responsables

¿Cuál es la conclusión? Desde luego que dejar de lado la violencia, que obedece a la reacción más primitiva del ser humano y más cercana al animal. Impulsar el diálogo y adoptar medidas apropiadas que tiendan al bienestar de todo el país.


El 2008 ha comenzado mal para las comunidades mapuche. A la prolongada huelga de hambre que mantiene desde el año pasado la activista por reivindicaciones indígenas, Patricia Troncoso, condenada a diez años y un día por incendio terrorista, se sumó el homicidio del estudiante Matías Catrileo, en el marco de una protesta en la Araucanía. Desafortunadamente, debió morir una persona para que las autoridades gubernamentales decidieran hacer algo. Luego de un cambio ministerial, se designó un equipo especial de ministros para que evalúen la situación actual y propongan soluciones a corto y mediano plazo. En todo caso, ahora se aspira a soluciones reales, no sólo a promesas. Estimados gobernantes, ya no son sólo candidatos a quienes les basta prometer, actúen y háganlo "seriamente".

Los medios presentan la proyectada actuación gubernamental como una solución, y la prensa escrita dedica páginas enteras al conflicto, subrayando aspectos que remecen, cuando lo que corresponde es informar. ¡Pobres agricultores!, ¡pobres multinacionales!, ¡pobres hidroeléctricas, sociedades forestales y celulosas! Por otra parte, ¿cómo se informa a la comunidad sobre la progresiva invasión de las multinacionales, de ciertos agricultores, de las empresas de celulosa y de las forestales? Sólo criminalizando a los mapuche. Y ¿cómo ha procedido el Gobierno? Con una "efectiva" actuación gubernamental, actuación represiva en circunstancias que sólo con el diálogo y con el cumplimiento de las promesas tan sinceramente formuladas por los candidatos y por las candidatas, promesas que se reactivan cada vez que hay elecciones.

Entretanto, sigue el hostigamiento permanente del cual son víctimas las comunidades indígenas: la policía arremete contra ellas y las zonas que pueblan en el sur están completamente militarizadas. ¿Nos sentiríamos chilenos (criollos o europeos) si al salir de nuestras casas nos viéramos rodeados de carabineros armados con cascos y en pie de guerra, por ser lo que somos y para defensa de las pertenencias de una etnia dominante? ¿Nos quedaríamos cruzados de brazos o demostraríamos nuestra disconformidad? Está claro que no recurriríamos a la violencia, pero sí protestaríamos. También protestó la madre de Matías Catrileo, muerto por el rigor represivo de la policía. Como respuesta, la madre fue detenida. ¿No basta la pérdida de un hijo? ¿Debe también ser castigada la familia?

La hasta ahora inacción pacífica del Ejecutivo se ha transformado en el aliciente de los grupos más extremos, que recurren a la violencia como vía de expresar, de manera equívoca por lo demás, su descontento ante la falta de respuesta a sus demandas. El Estado, incluso, ha restado importancia a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que lo llamó a adoptar medidas, incluyendo el término de la violencia policial, la consulta previa ante proyectos de inversión en territorios indígenas y la modificación de la ley sobre conductas terroristas, para garantizar el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ni siquiera por mejorar su imagen internacional se avanza en estos temas tan fundamentales.

Si no hay un cambio de actitud verdadero de parte de las autoridades, el conflicto mapuche se radicalizará y los grupos extremos lo aprovecharán para protagonizar más actos violentos, los que afectarán la paz social y harán de Chile un país poco atractivo en todos los ámbitos hacia su desarrollo efectivo.

¿Cuál es la conclusión? Desde luego que dejar de lado la violencia, que obedece a la reacción más primitiva del ser humano y más cercana al animal. Impulsar el diálogo y adoptar medidas apropiadas que tiendan al bienestar de todo el país y de una paz sólida y estable. Por último, dejar de prometer si no se pretende cumplir. 



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