Ad portas de la formalización de cargos en su contra, los ejecutivos de la empresa distribuidor de gas de Valparaíso, GasValpo, y la eléctrica Chilquinta, lograron un acuerdo millonario con los familiares de las víctimas fatales de la explosión de febrero de 2007 en calle Serrano.

Novecientos millones de pesos entregarán las compañías a las que la Fiscalía local responsabiliza por la muerte de cuatro personas en el siniestro registrado esa mañana y que provocó el derrumbe y el incendio de varias viviendas.

El convenio se conoció poco antes de la audiencia en que debían ser formalizados Omar Barrientos, encargado de distribución de la empresa gasífera, y Pedro Aranda, jefe de mantención de redes subterráneas.

El fiscal a cargo del caso, Pablo Gómez, relató que las indagaciones hechas por esa repartición confirmaron una actitud negligente de GasValpo al no revisar los ductos subterráneos, los que no eran herméticos al momento de la deflagración. También se atribuye negligencia a Chilquinta  por no revisar la red trifásica en las conexiones eléctricas.

Además de la salida alternativa asumida por los deudos y los imputados, el fiscal del caso Pablo Gómez requirió al Tribunal de Garantía que los privados también realicen una revisión de los ductos subterráneos para garantizar que no se vuelvan a producir tragedias.