En los últimos días ha vuelto a ocupar lugares destacados en los medios de comunicación el tema de la flexibilidad laboral. No hay día en que algún economista o dirigente empresarial no dé argumentos en pro de una mayor flexibilización del mercado laboral.

Lo curioso de este sempiterno debate es que quienes lideran la discusión son normalmente economistas que suelen desconocer el contenido y sentido de la actual normativa laboral y nos sorprenden con recetas como la necesidad de promover los empleos a tiempo parcial para incorporar a mujeres y jóvenes al trabajo, omitiendo que esta modalidad de contrato se incorporó al Código del Trabajo el año 2001 y que son los empresarios quienes no recurren a ella, en la mayoría de los casos, por temor a innovar y a superar los viejos modelos de organización.

Para verificar esta afirmación véase la Encuesta Laboral 2006 de la Dirección del Trabajo.

Ahora bien, ante este espectro tan recurrente, parece simplista y engañoso abogar majaderamente por más flexibilidad sin especificar qué se quiere decir con el término. En Chile, la flexibilidad laboral está cargada de connotaciones políticas, ideológicas, económicas y no técnicas.

¿Qué se entiende por flexibilidad? ¿La desregulación de la legislación laboral, la vuelta al Derecho Civil causante de la cuestión social o el desmantelamiento de los sindicatos, como lo hicieron Margaret Thatcher en el Reino Unido o el régimen militar en Chile? ¿Los procesos de re-regulación de la legislación laboral con fuerte diálogo social, a la manera de los países europeos continentales? Como se puede ver, hay múltiples vías, lo importante es consensuar un camino y no pretender imponerlo.

La ciudadanía debe saber que, desde una perspectiva jurídica, nuestra legislación laboral es una de las más flexibles del mundo. Basta ver los irrisorios índices de sindicalización y negociación colectiva, gatillados en gran medida por las restricciones legales y la desconfianza del legislador y, particularmente, del modelo económico, hacia la autonomía colectiva. Lo anterior nos muestra con enojosa vergüenza que derechos fundamentales como la libertad sindical no tienen peso en Chile.

Así resulta fácil abogar por un crecimiento económico basado en bajos costos laborales y que ampara situaciones de dumping social. ¿Dónde queda el trabajo decente?

Ahora bien, no podemos desconocer que en Chile existen falencias que ameritan un avance hacia la adaptación de nuestra normativa laboral a nuevas realidades, así como que es necesario modernizar ciertas instituciones laborales que van quedando desfasadas ante un escenario cada vez más complejo y heterogéneo. Sin embargo, ello sólo será posible con respeto, confianza y diálogo social.

El "problema", que causa espanto o un abierto desagrado en ciertos sectores, es que ese diálogo presupone que existan organizaciones sindicales representativas y proactivas al cambio. Mientras ello no ocurra, la flexibilidad seguirá siendo un mito en Chile y nos iremos quedando atrás. ¿Por qué el ministro de Hacienda se olvidó tan pronto del modelo danés de la "flexiseguridad"? ¿Lo habrán espantado las tasas de sindicalización y de negociación colectiva superiores al 80% de ese país?

El llamado es, entonces, a debatir el tema en su justo sentido, incluyendo a todos los actores y especialistas, poniendo fin a la visión tecnocrática y economicista de los asuntos laborales, pues éstos dicen relación con personas que tienen anhelos de una vida buena y digna, y no con cifras vacías que sólo dan cuenta de un crecimiento económico sin justicia social.

*Profesor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.